Francia quiere poner coto a los inmigrantes que deliquen: los expulsará del país
El Gobierno francés e plantea endurecer las leyes para evitar los delitos graves cometidos por extranjeros y quiere eliminar la condición de arraigo por llegar antes de los 13 años al país.
El ministro del Interior francés Gerald Darmanin.
La política de extranjería en el país vecino se pone cada vez más severa y se plantean nuevas medida para luchar contra la delincuencia cometida por extranjeros. El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, ha declarado en una entrevista concedida al periódico Le Monde, que el Gobierno está estudiando la posibilidad de facilitar la expulsión del país de "cualquier extranjero que haya cometido actos graves", levantando las restricciones de edad al respecto.
"Queremos permitir la expulsión de cualquier extranjero declarado culpable de un hecho grave por los tribunales, independientemente de su condición de presencia en el territorio nacional", ha señalado el ministro, que ha recordado que, ahora mismo, un ciudadano extranjero no es deportable si cumple con ciertas condiciones, como llegar a territorio francés antes de los 13 años, una limitación que Darmanin quiere eliminar.
El Gobierno tiene intención de integrar esta disposición en la futura ley de orientación y programación de la Secretaría de Gobernación (Lopmi), que se presentará a final del verano, siguiendo así la tendencia de deportaciones de los últimos años.
Al respecto, desde que Darmanin asumió su cargo hace dos años, se ha expulsado a 2.761 delincuentes extranjeros, lo que supone un 60 % más que en el mismo período precedente. "Un extranjero que no respeta la leyes de la República debe ser expulsado", ha puntualizado.
Aún así, ha insistido en que el Gobierno apuesta por la acogida y la integración, también competencia de su ministerio, justo una semana después de que Francia repatriara a 35 menores y 16 madres que estaban en campos para prisioneros yihadistas en el noreste de siria operados por kurdos.
En España, el Código Penal también contempla la expulsión de los extranjeros que cometan delitos y sean condenados a más de un año de prisión. Sin embargo, la burocracia ahoga al sistema judicial sin que el Gobierno de Pedro Sánchez haga mucho para impedirlo y los procedimientos se alargan sin que estas deportaciones se produzcan de forma eficaz. También hay que tener en cuenta que existen ciertas excepciones atendiendo al arraigo.