El marido de Calviño, denunciado en los tribunales por tráfico de influencias

El , Ignacio Manrique de Lara, ha sido denunciado en los tribunales por un contrato destapado por ESdiario. La Seguridad Social, dependiente del ministro José Luis Escrivá, fichó para mejorar su reputación online en 2019 y 2020 a su empresa por un millón de euros a pesar de que tenía prohibido contratar con el estado por tener deudas con las administraciones públicas. El escrito presentado por Manos Limpias, que también va dirigido contra una docena de cargos o funcionarios de la Seguridad Social, tipifica los hechos como presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en documento público.

Este contrato también fue denunciado la semana pasada ante la fiscalía Anticorrupción por el PP de Madrid bajo la misma sospecha. Pero la virtud de la denuncia formulada por este colectivo que lidera el incombustible Miguel Bernad, que ha sufrido y pilotado procesos judiciales estelares, es que aquí depende de un juez independiente el aprecio o no de indicios de delito. No cabe el veto y carpetazo automático de la fiscalía, como en el caso de Anticorrupción.

Otra diferencia con otros contratos puestos en bandeja ante la fiscalía es que esta adjudicación deja pruebas visibles en el BOE y en el registro mercantil del choque legal que supuso su contratación. La ley exige estar al corriente con el fisco y la Seguridad Social para poder recibir una adjudicación pública.

Otra diferencia con otros contratos puestos en bandeja ante la fiscalía es que esta adjudicación deja pruebas visibles en el BOE y en el registro mercantil del choque legal que supuso contratación

Pero la firma de Beedigital recibió un millón de euros de la Seguridad Social cuando adeudaba al Estado 1,6 millones en 2019, año en que fue fichada por medio millón para mejorar la imagen online de dicho organismo público, y seguía siendo morosa estatal por 884.000 euros en 2020 cuando le fue renovado. El propio ministerio contratante que dirige era acreedor a través de la Seguridad Social de Beedigital, marca de la empresa de Ignacio Manrique de Lara, en los años en que fue contratada (le adeudaba 521.000 euros en 2019 y 374.000 en 2020).

Los denunciantes recuerdan que el contrato exigía una "declaración responsable del cumplimiento de las condiciones de aptitud para contratar con la Administración". Y evidencian como en el propio pliego de cláusulas para contratar a Beedigital marcaba que tal proclama de cumplimiento tributario podía ser verificada por la Seguridad Social. Los licitadores, conforme a lo señalado en la cláusula 8.1. del presente pliego, deberán presentar la declaración responsable a que se refiere el artículo 140.1 de la LCSP, como prueba preliminar de que cumplen los requisitos legalmente establecidos para contratar con la Administración a que se refiere el propio artículo 140 de la LCSP, y que se enumeran en la cláusula octava del presente pliego; sin perjuicio de que la mesa o el órgano de contratación, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración o resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento, puedan recabarles la aportación de la totalidad o una parte de los documentos justificativos”.

Las dos posibilidades delictivas que sopesa la denuncia

Pero lejos de pedirle a Beedigital que acreditara que estaba al corriente de pagos, la Seguridad Social, organismo gobernado por Escrivá, le permitió eximirse por escrito de hacerlo. Pidió permiso a Beedigital para chequear sus deudas. Dado que la empresa del marido de fue contratada pese a tener deudas con el estado, la denuncia sólo ve dos posibilidades, ambas delictivas: "La primera de las posibilidades, que no se haya presentado tal declaración responsable, nos hace suponer que la Mesa de Contratación ha incurrido en un grave incumplimiento. La segunda posibilidad, que si se haya presentado, nos hace sospechar que el apoderado de la empresa ha cometido, presuntamente, falsedad documental de documento público".

La denuncia define el fichaje de la empresa del como un contrato claramente “teledirigido hacia la empresa, ya que en gran parte de las actividades a realizar que contempla el servicio hay que contar, si o si, con dicha empresa, toda vez que hay que volcar y mantener actualizados los datos de todas las delegaciones y oficinas de la Seguridad Social en la web” de dicha firma.

La reputación online del Gobierno de Sánchez y la empresa del marido de Calviño

El texto de la denuncia resalta que no han hallado ningún otro contrato para mejorar la reputación online del Gobierno de Pedro Sánchez, salvo el que benefició a la firma del marido de Calviño. Y es un tipo de contratos que los tribunales y la Guardia Civil han perseguido como en Operación Púnica por sospechar que se usaba dinero público para mejorar la imagen de políticos o de su gestión.

La denuncia implica a una docena de cargos o funcionarios de la Seguridad Social que intervinieron directamente en la presunta concesión irregular del contrato de reputación online a la firma del :

-CARLOS CUDERO RIVAS, GERENTE DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

-MARÍA ROCÍO RODRÍGUEZ TEMIÑO, DIRECTORA DE RRHH Y RÉGIMEN INTERIOR GISS

-ANDRÉS PASTOR BERMÚDEZ, GERENTE ADJUNTO GISS

-JOSÉ MIGUEL IGLESIAS IGLESIAS, PRESIDENTE

-ANA MARÍA SANZ SALMORAL, LETRADA

-MARIANO GARCÍA MAGARIÑO VÁZQUEZ, INTERVENTOR DELEGADO EN LA GISS

-MÓNICA TORNER RUIZ DE TEMIÑO, INTERVENTORA EN LA GISS

-EMILIA NAVIO ÁMALO, JEFA DE ÁREA

-PABLO JAVIER ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, JEFE DE ÁREA

-CECILIA CABALLERO, JEFE DE SERVICIO

-HÉCTOR LOZANO NAVARRO, JEFE DE SERVICIO

-PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN MARÍN, JEFE DE SERVICIO

Y también implica en calidad de denunciados a dos cargos de la empresa de Beedigital:

-MARÍA PILAR NÚÑEZ FERNÁNDEZ, REPRESENTANTE.

-IGNACIO MANRIQUE DE LARA FERNÁNDEZ, DIRECTOR DE MARKETING DE BEEDIGITAL ().