Un Constitucional contaminado amenaza borrar la prevaricación de 1.300 millones

El Constitucional tiene en su mesa los recursos de amparo de los 12 autores del mayor saqueo público de la historia española: los ERES, 1.300 millones. Ya ha bendecido el primero de ellos. Magdalena Álvarez. Verá rebajada su condena por una generosa y creativa reinterpretación de su delito, prevaricación.

Pero algunos miembros del ala socialista miembros del Tribunal portan una pesada mochila de incompatibilidad ética. Y lidian una condena por prevaricación unánime en instancia y casación. Todos son autores del delito de prevaricación.

Choca que sea ponente la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, con el medallero que acumula de la Junta de Andalucía y del PSOE.

MEDALLA DE ANDALUCÍA concedida por el presidente de la Junta de Andalucía, Griñán, en 2012. Las investigaciones de los ERES sumaban ya 52 imputados.

BANDERA DE ANDALUCÍA, otorgada por la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía en febrero de 2003.

PREMIO MERIDIANA 2000, concedido por el Instituto Andaluz de la Mujer por su defensa de la igualdad.

Si la infanta Cristina o Ana Mato debían saber lo que hacían sus esposos, menos podía ignorar durante años un alto cargo andaluz las reiteradas alertas de ilegalidad de los ERES.

PREMIO DEL MINISTERIO DE IGUALDAD DE ESPAÑA 2009 por su lucha contra la violencia de género desde el ámbito judicial y como presidenta del Observatorio contra la Violencia Domestica y de Género.

PREMIO MUJERES CONSTITUCIONALES 2013 de la Agrupación del PSOE de Cádiz. Por su lucha contra la violencia de género como magistrada y Vocal del Poder Judicial, ostentando la Presidencia del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y de la Comisión de Igualdad.

Es loable defender la igualdad entre géneros. Pero no lo es menos defender la igualdad ante la ley. En 2008 fue ponente de una sentencia contra un magistrado que suspendió un programa televisivo bajo cohecho. Y Montalbán dedicó folios a demostrar su prevaricación.

“En la comprensión del delito de prevaricación dolosa, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha rechazado concepciones subjetivas basadas en el sentimiento de justicia o injusticia que tenga el funcionario. Ha venido a mantener que la determinación de tal injusticia no radica en que el autor la estime como tal; sino que, en clave estrictamente objetiva, la misma merezca tal calificación cuando la resolución no se encuentra dentro de las opiniones que puedan ser jurídicamente defendibles.”

Juan Carlos Campo: ex cargo de Chaves, hoy magistrado del TC en el caso ERE.

Por tanto, según su doctrina, hoy no debe importarnos la percepción que tengan Magdalena Álvarez, José Antonio Griñán, Manuel Chaves, etc… sobre si prevaricaron o no. Le toca dirimir si es prevaricación haber sustentado unos ERES cuya ilegalidad alertó año tras año la intervención de la Junta.

Tal fue el título de un artículo que escribí en EL PAIS. Tardó un año en publicarlo. Sólo recibí luz verde cuando fueron imputados los hoy peticionarios de clemencia al Constitucional. Acaso pesaron los 11 millones recibidos por Prisa desde 2008 de la Junta. Son estas financiaciones mediáticas las que quiere desvelar Sánchez.

Dado que Intervención alertó cada año, no sólo malversaron 1.300 millones públicos. Lo hicieron “a sabiendas”. Los informes de los interventores no eran publicaciones de un pseudodiario ni un tuit que uno puede o no leer.

Eran informes de obligado cumplimiento que recibió la Junta. No vale argumentar ignorancia. Cualquier consejero decente debe preguntarse cuando mueve 1.300 millones, ¿qué dice el interventor de esto que estamos haciendo, dónde está el informe que justifique este gasto? ¿Ni supieron ni preguntaron?

El TC tiene en su mesa los recursos de amparo de los autores del mayor saqueo público de la historia española: los ERES, 1.300 millones. Pero algunos miembros del ala socialista portan una pesada mochila de incompatibilidad ética.

Si la infanta Cristina o Ana Mato debían saber lo que hacían sus esposos, menos podía ignorar durante años un alto cargo andaluz las reiteradas alertas de ilegalidad de los ERES.

No es papeleta fácil condenar a un juez por suspender un programa de TV y blanquear a 12 presuntos prevaricadores socialistas en serie. Y cuando Sánchez clama que el PP es el partido de la corrupción. Pero ya se ha abierto la veda.

No importa que su prevaricación no fue sólo la ejecución de resoluciones contrarias a derecho. “Se adoptaron para conseguir una finalidad palmariamente ilegal: evitar el cumplimiento de las exigencias de las normas sobre subvenciones y el control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía.”

Tampoco lo tiene fácil Cándido Conde-Pumpido. Ya se apartó de la Sala de Admisión del caso de los ERE en el Supremo. Alegó que “intervino indirectamente en el fraude los ERE cuando era máximo responsable del Ministerio Público”. Lo de indirectamente es un eufemismo. El fiscal general conoce, tutela y dirige las actuaciones de sus subordinados.

Juan Carlos Campo fue director general de relaciones de la Junta con la administración de Justicia (1997-2001). No sólo fue subordinado del condenado Chaves, sino que llevaba las relaciones con la justicia mientras su Junta delinquía.

Y justo cuando ya se estaban investigando los ERES saltó a secretario de estado de Justicia con Zapatero (2009 a 2011). Luego sería ministro de Justicia con Sánchez.

El choque es evidente. ¿Pueden revisar condenas a cargos de la Junta quienes disfrutaron sus medallas o empleo?¿Puede cuestionar un fallo cimentado por la fiscalía quien la dirigió? Parece que sí, a tenor del primer fallo.