El PSOE se olvida de los autónomos en la subida del diésel

Una de las medidas de los cambios tributarios que analiza el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez es la subida de la fiscalidad del diésel, que ya venía recogida en los presupuestos alternativos presentados por el PSOE y también figuraba en una enmienda de los socialistas presentada a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 del Gobierno de Mariano Rajoy, y que finalmente el nuevo Ejecutivo socialista ha decidido mantener.

La propuesta consiste en la equiparación entre los tipos de gravamen que soporta el gasóleo de automoción y la gasolina sin afectar al gasóleo bonificado para transportistas y agricultores, como primera medida hacia una reforma medioambiental que sin duda hará mucho daño a los autónomos, con más de 200.000 afectados de manera directa.

La propuesta del PSOE pretende revertir una medida que se adoptó hace años en la creencia de que el diésel era menos contaminante que la gasolina, ya que emitía menos CO2, ya que posteriormente se ha descubierto que los actuales motores diésel son más contaminantes que los de gasolina, al emitir más óxido nitroso, una afirmación que además no es cierta del todo, puesto que los motores gasolina por el contrario emiten más CO2.

Esta medida proporcionaría una recaudación adicional de 2.140 millones de euros si se pasase de una vez los 30,70 céntimos por litro actual de impuesto del gasóleo de automoción a los 40,25 céntimos por litro con los que se grava la gasolina, pero aplicada de forma escalonada permite obtener al año una cifra aproximada de 600 millones de euros.

Subida de impuestos generalizada

La propuesta presupuestaria alternativa del PSOE contemplaba un aumento de los ingresos de 6.420 millones de euros, provenientes de cambios impositivos para que las grandes corporaciones paguen un tipo efectivo mínimo en el Impuesto de Sociedades del 15% y elevar el IRPF hasta el 52% para las rentas superiores a los 150.000 euros.

Los casi 6.500 millones se lograrían, en el IRPF, con 1.900 millones recaudados a través de una progresiva equiparación de los tipos impositivos en las rentas del trabajo y rentas de capital; cerca de 4.000 millones con el tipo mínimo del 15% en Sociedades y otros 600 millones en tributación medioambiental con la equiparación del diésel y la gasolina. A estos 6.500 millones se sumarían otros 1.500 millones de recaudación por la lucha contra el fraude, una utopía en toda regla.