La defensa de la automoción es una prioridad para la derecha

Si queremos seguir siendo la segunda potencia europea y octava del mundo en la industria de la automoción debemos tener muy claro nuestro voto este 23J de elecciones generales. España no puede quedarse a la cola de la electrificación del sector, pero tampoco puede obviar la inmensa industria que los coches mueven en nuestro país, donde 17 fábricas dan empleo a casi 2 millones de personas y aportan el 11% del PIB, sólo por detrás del turismo como principal actividad económica.

Es por ello que en el PP tienen claro que es clave impulsar un "Plan para la Automoción España 2030". Este plan contempla recuperar la mesa de automoción que dejó de ser convocada sin una razón de peso. Este foro se creó con la idea de reunir a todos los sectores de la industria, incluyendo a los sindicatos y los diferentes partidos políticos. Con ella, asegura el PP, se buscará la "progresiva descarbonización del sector, la implantación de infraestructuras de recarga de acceso público, la renovación de los vehículos más antiguos del parque móvil y otras medidas de producción industrial".

Vox va un paso más allá y apuesta por impulsar la industria directa y auxiliar relacionada con los vehículos de combustión para garantizar "la convivencia natural de todos los vehículos, de combustión, eléctricos e híbridos". El partido de Santiago Abascal anuncia que trabajará en Europa para dar marcha atrás a la prohibición de vender vehículos con motores de combustión a partir de 2035, una medida muy controvertida que Alemania consiguió mitigar con la aprobación de los combustibles sintéticos.

La patronal de concesionarios (Faconauto) ha transmitido una serie de propuestas a los partidos políticos de cara a las próximas elecciones generales del 23 de julio, a los que reclaman que la descarbonización sea un "eje esencial" en sus programas electorales. Su nueva presidenta, Marta Blázquez, apunta que la próxima legislatura debe pasar "sí o sí" por la electrificación y por una movilidad sostenible para todos, para "alcanzar los objetivos que nos exige la Unión Europea".

Para ello, Faconauto considera que para producir en 2024 un punto de inflexión de matriculaciones, con el objetivo de alcanzar los 190.000 vehículos electrificados, hay que introducir mejoras en el Plan Moves y cambios en la fiscalidad. En concreto, ha pedido que el Gobierno resultante ayude a las comunidades autónomas en la homogeneización de su gestión del plan, que se busque la fórmula para que el comprador obtenga el descuento del vehículo en el mismo momento de la adquisición, que se amplíe el límite de la ayuda hasta los 65.000 euros y que se asegure su continuidad dotándolo con un presupuesto de 600 millones de euros anuales, ampliable a toda la legislatura.

Asimismo, Blázquez ha hablado de crear un grupo para la coordinación y el impulso del vehículo eléctrico en España que esté centralizado y dependa directamente de la Presidencia del Gobierno. En este grupo que propone la patronal de concesionarios estarían integrados s los ministerios con competencias en Energía, Hacienda y Comercio, mientras que la representación de la parte privada recaería en las patronales de la automoción, de las energéticas o de otras firmas que estén concernidas.

Además, ha recalcado la necesidad de insistir en el impulso de la infraestructura de recarga y ha recordado que, a lo largo del año que viene, el nuevo Gobierno deberá presentar un plan para cumplir con el reglamento europeo de infraestructuras para combustibles alternativos (AFIR, en sus siglas en inglés), que obliga a que haya estaciones de recarga destinadas a turismos localizadas cada 60 kilómetros (km) a lo largo de la red básica de la Red Trans Europea de Transporte (RTE-T) para finales de 2025 km.