El presidente de Seopan pide que se pague por el uso de autovías y autopistas

Julián Núñez, presidente de la patronal de las empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras, ha recordado en el curso que celebra la APIE en la UIMP, que España acumula todos los años un déficit de 2.100 millones de euros. Cosa que parece sorprendente pues aunque no se invierte nada en la mejora de nuestras carreteras cada vez nos encontramos con un mayor número de cámaras y controles de velocidad.

Para esto Núñez cree que hay que pagar por distancia recorrida, tal y como pasa en el resto de Europa, sabiendo además que muchos de quienes usan estas autovías y autopistas son extranjeros y que se hagan modelos con concesiones que duren 25 años. Sobre todo sabiendo que el 25% de quienes las utilizan son transportistas y extranjeros que transitan por nuestras carreteras.

Núñez se ha quejado abiertamente de que las infraestructuras no están en los Pertes, proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, lo cuál supone una limitación fundamental. España cuenta con las mejores compañías para desarrollar infraestructuras por ejemplo marinas pero al no estar contemplados no son vectores de crecimiento.

Tampoco hay ayudas para los puntos de carga y el líder de Seopan asegura que hay que anticiparse a las necesidades que va a tener nuestro país.

Se trata de un servicio público y hay presupuestados en el corto plazo 6.000 millones para esta cuestión con posibilidad de ampliarlos a 20.000 millones pero sin contar con el sector privado para ello dificultará desarrollar las necesidades requeridas.

Igual ocurre con el plan hidrológico nacional. A pesar de ser líderes en desalinizadoras, en recuperar aguas residuales y haber una partida de 38.000 millones no se cuenta con la colaboración entre sector público y privado.

El modelo de contratación pública se remonta a los años 60 en palabras de Núñez quien aseguró también que desde el año 2015 prácticamente en España no se ha hecho nada pues los pliegos actuales de las licitaciones provocan tales rebajas en la factura final que convierten los proyectos en nada rentables.

Si sumamos, dijo Núñez, todos los proyectos que están pendientes de hacer sumarían un monto de 330.000 millones de euros una cantidad que supondría un impacto económico sobre nuestro país total y absoluto.

Las diferentes administraciones públicas deben estar mejor coordinadas, dijo el presidente de Seopan, para que se pueden agilizar los procesos a la hora de abordar obras.

Por último, recordó que el célebre rescate de las radiales supuso: que a las empresas constructoras se les dejase de pagar facturas por valor de 1.000 millones de euros, que los accionistas de estas empresas hayan perdido en valor de mercado unos 1.800 millones, que los bancos involucrados hayan vendido su deuda palmando la mitad de lo que tenían y que el Estado ha tenido que pagar unos 2.000 millones en sanciones.