La infraestructura de recarga se enchufa a buen ritmo
España mejoró en un 25% la relación entre vehículos eléctricos y cargadores públicos en 2023. A pesar de ello el 20% de los puntos instalados siguen inoperativos por problemas burocráticos.
Archivo - Punto de recarga de coche eléctrico.
La infraestructura de recarga pública para vehículos eléctricos en España ha experimentado un crecimiento notable en 2023 con la instalación de casi uno de cada tres puntos de carga pública operativos, lo que ha permitido mejorar en un 25% la relación entre vehículos eléctricos y cargadores públicos.
Ésta ha sido la principal conclusión del IV informe OBS sobre Movilidad Eléctrica en España, que ha constatado que la infraestructura de carga pública en España sigue evolucionando a medida que crece el parque de vehículos eléctricos que circulan en las carreteras nacionales, siendo la red actual suficiente para el parque actual.
Sin embargo, si bien a cierre del primer semestre de 2024 España contaba con 34.105 puntos de recarga públicos operativos, más de 7.000 puntos adicionales están pendientes de alta, lo que supone un 20% de puntos de recarga pública de media por comunidad autónoma.
Éstos se enfrentan a plazos administrativos que pueden llegar a los 3 años, lo que ralentiza el despliegue y la consecución de los compromisos fijados en el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) de llegar hasta los 340.000 puntos de recarga públicos.
De hecho, el informe revela que aún persisten importantes barreras que frenan el desarrollo de una red de recarga pública eficiente, accesible y competitiva de cara a los objetivos de 2030.
"Enfrentamos un escenario de largos tiempos de puesta en funcionamiento, de concentración excesiva de operadores, falta de transparencia en los trámites e información, y falta de interoperabilidad de la infraestructura, criterio exigido por ley a nivel europeo", ha advertido la directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible y autora del informe, May López.
López ha añadido que estos factores requieren atención "urgente", ya que encarecen y dificultan el acceso a la recarga pública, "sacando al usuario del centro de la estrategia". También ha explicado que esto genera desconfianza tanto a usuarios como potenciales usuarios, y dificulta la expansión de la red pública y de los operadores de recarga.
Concentración empresarial
Uno de los datos más impactantes que revela el informe es la elevada concentración del mercado de operadores de recarga en España. A cierre del primer semestre de 2024, el 96,21% de los puntos de recarga públicos son gestionados por solo 10 de las 80 compañías operadoras del país.
De éstas, las cinco primeras dominan el 81,3% del mercado, y la mayor de todas, perteneciente a un grupo empresarial que produce, distribuye y comercializa energía eléctrica, gestiona uno de cada tres puntos de recarga públicos, liderando en 37 provincias españolas.
A esta concentración se suma un problema adicional: la falta de transparencia en la información de los puntos de recarga públicos. Aunque en 2024 España cumplió con el requisito europeo de volcar la información al Punto de Acceso Nacional, a cierre del primer semestre de 2024 solo se disponía de datos de 20.151 de los 34.105 puntos de recarga operativos, es decir, faltaba información del 40,9% de los puntos.
Otro aspecto crítico identificado en el informe es la falta de interoperabilidad en el 100% de la infraestructura de recarga pública, requisito obligatorio según el Reglamento sobre Infraestructuras de Combustibles Alternativos (AFIR), que España no está cumpliendo.
Esta carencia no sólo afecta a la comodidad de los usuarios, que se ven obligados a utilizar diferentes aplicaciones y sistemas de pago según el operador, limitando así la accesibilidad a la red, sino que también incrementa los costes de recarga.