La mujer del conseller rompió la unidad de los jueces contra Mas

No es habitual que la Justicia haga comunicados tan rotundos sobre un caso, pero tampoco lo es que centenares de personas (comandadas por un numeroso grupo de políticos) se dediquen a manifestarse a las puertas de los tribunales para presionar a los magistrados, como si de un escrache más se tratara.

La demoledora reacción del Consejo General del Poder Judicial en torno a la "algarada" organizada por el Gobierno catalán en torno a la querella por la consulta ilegal del 9-N cayó como un tsunami. El CGPJ expresó su apoyo su apoyo a los jueces catalanes ante el "intolerable" ataque a su independencia por parte de aquellos que han cuestionado su actuación en la querella por la consulta alternativa del 9N. Claro que no todos los miembros del Consejo estaban de acuerdo... y tres de ellos se negaron a suscribir el comunicado del condena.

Su presidente, Carlos Lesmes, y la práctica totalidad de los vocales apoyaron el comunicado previo del TSJC, salvo, según indicaron fuentes judiciales, Roser Bach, Concepción Saez y Enrique Lucas, que se ausentaron de la reunión para no suscribirlo.

Da la casualidad de que Roser Bach, una de las magistradas que optaron por no firmar el comunicado, es la esposa del conseller de Justicia, Germá Gordó, que fue uno de los políticos en activo que acompañó a Irene Rigau en su desafiante "procesión" hasta el tribunal.

Tampoco lo hicieron, pero porque no asistieron al pleno, las vocales Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda.

Cabe recordar que el CGPJ lo que hizo fue apoyar a pies juntillas la declaración del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad (TSJC), que señaló que las manifestaciones de apoyo a los imputados por el 9N son un "ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial" y un cuestionamiento que es "aún más inadmisible" cuando es diseñado por representantes públicos.

Varios centenares de personas se concentraron ante la sede del TSJC para apoyar a la consellera de Enseñanza, Irene Rigau (CDC), y la exvicepresidenta de la Generalitat,Joana Ortega (UDC), que acudieron a declarar por el 9N, y que estuvieron acompañadas también por miembros del gobierno catalán. La Sala de Gobierno del TSJC alertó de que "cuestionar de manera interesada que la actuación de los tribunales de justicia solo se debe a intereses políticos, promover la desconfianza social y pretender estrategias de presión constituye una negación de las bases de nuestra convivencia política".

El TSJC manifestó que "no puede permanecer impasible cuando constata que se convocan manifestaciones y concentraciones a las puertas del Palacio de Justicia con el objetivo de cuestionar la legitimidad de jueces y, además, pretender influir en su toma de decisiones".

El órgano de gobierno de los jueces manifiesta "su firme voluntad, ante tan intolerable actuación, de prestar todo su amparo a los jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña".Y lo hace porque entiende que los "graves" hechos denunciados "afectan a los más esenciales principios del Estado de Derecho, como son la independencia judicial y la separación de los distintos poderes del mismo".

Colau y los derechos de la democracia

Una de las primeras en reaccionar fue, precisamente, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Participante activa de las concentraciones contra la querella del 9-N, respondió que manifestarse, ante los juzgados y en cualquier sitio, es "uno de los derechos fundamentales en democracia". En una entrevista este miércoles en TV3 consideró que el hecho de que todos los consejeros, incluido el de Justicia, Germà Gordó, hayan acompañado a la consejera de Enseñanza en funciones, Irene Rigau, es "un tema menor".

Colau apuntó que el problema real es la injerencia continua de la política, en forma de las "presiones que llegan sistemáticamente del PP". La alcaldesa explicó que no estará en las concentraciones en apoyo del presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, cuando vaya a declarar este jueves, ya que tiene programado un viaje oficial a Milán. Sin embargo justificó su presencia el martes, y dijo que respondía a la llamada del Pacte Nacional pel Dret a Decidir: "Ante esa interpelación siempre estuvimos", ha afirmado.