Delito penal y suspensión si el Parlament no obedece al Constitucional

El recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional no deja lugar a dudas.

El presidente en funciones, Artur Mas; la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell y 19 cargos más serán suspendidos de sus funciones y acusados de un delito de desobediencia judicial si no obedecen al Alto Tribunal y siguen adelante con el procés.

Así lo recoge finalmente el texto que hace extensible la advertencia con nombres, apellidos y cargo, a todos los miembros de la Mesa del Parlamento, al Govern al completo.

Entre los nombres señalados por la resolución del Gobierno destacan: el vicepresidente primero de la Mesa del Parlament y uno de los hombres de Mas, Lluís Corominas; el vicepresidente segundo del Parlament, José María Espejo; la secretaria de la Mesa y diputada por ERC, Anna Simó; el secretario tercero de la Mesa y miembro de la marca catalana de Podemos, Joan Josep Nuet; la vicepresidenta de la Generalitat y una de las apuestas de la CUP como sustituta a Mas, Neus Munté; el candidato a las elecciones generales por CDC, Francesc Homs; el secretario general del Parlament -que no es cargo público sino funcionario- Pere Sol; y todos los consejeros del Gobierno catalán hasta completar los 21 nombres.

La Abogacía del Estado pide además que se notifique personalmente y "bajo apercibimiento expreso de suspensión de sus funciones" lo dictado por el Constitucional a todos los implicados.

Según el artículo 92.4b) de la Ley Orgánica del Tribubal Constitucional, esto daría lugar a acciones penales en caso de que incumplieran la resolución por delito de desobediencia.

La notificación se amplia, para no dejar ningún fleco suelto en el futuro, "a quienes resulten designados por el presidente de la Generalitat como consecuencia del acto de investidura por el Parlamento catalán".

Añade también el Consejo de Estado la prohibición expresa a la presidenta, Carmen Forcadell, y a la Mesa del Parlament de emprender cualquier tipo de iniciativa, ya sea para debate o votación, de carácter legislativo o de cualquier otra índole, para seguir con la desconexión de España.

Y prohíbe tajantemente a Artur Mas, a quien resulte presidente de la Generalitat, y a todo su Consejo de Gobierno, promover cualquier iniciativa, "dictar norma de rango reglamentario o realizar cualquier otra actuación con la misma finalidad".

El informe del Consejo de Estado que acompaña a este recurso afirma que hay argumentos jurídicos suficientes para impugnar la resolución independentista.

"Implica la vulneración evidente del núcleo esencial de la Constitución española y su declarada insumisión a las instituciones del Estado", señala el documento aprobado por unanimidad por el Consejo de Estado el pasado martes para su presentación al Tribunal Constitucional.