Una ordenanza sobre el tráfico pone en el disparadero a Carmena

Manuel Carmena podría haber contravenido la ley e incluso el propio reglamento interno del Ayuntamiento de Madrid al decidir prohibir el aparcamiento en la práctica totalidad de Madrid durante un viernes negro y un sábado gris que pueden repetirse en el futuro inmediato.

Y es que, más allá de las torpezas cometidas al negar las inminentes restricciones sólo unas horas antes de aplicarlas, condenando a muchos conductores a un gran atasco al chocarse de bruces con las prohibiciones; la Ordenanza de Movilidad de Madrid vigente desde 2005 y enmendada en 2014 obliga a comunicar y publicar en el BOCAM órdenes como las dadas por la alcaldesa para que puedan ser efectivas.

En concreto, el artículo 88 de la ley que regula la circulación, el aparcamiento, el tránsito de todo tipo de vehículos y el funcionamiento de los parquímetros prevé una exigencia que, al parecer, Carmena no ha cubierto:

Cuando existan razones que aconsejen reservar total o parcialmente una vía pública como zona peatonal, la Junta de Gobierno o el órgano en que delegue, podrá prohibir o limitar la circulación y el estacionamiento de vehículos, previa la señalización oportuna y la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. El articulado dice literalmente lo siguiente:

"Asimismo, la Junta Gobierno, o el órgano en que delegue, cuando existan razones basadas en la seguridad vial, la movilidad y fluidez del tráfico, la protección del medio ambiente, la seguridad ciudadana y la protección de la integridad de los espacios públicos y privados, que aconsejen restringir el paso de vehículos a determinadas vías públicas, podrá prohibir o limitar la circulación y el estacionamiento de vehículos en las mismas, previa la señalización oportuna y la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid".

No está claro que la "señalización oportuna" se refiera a un frugal anuncio precipitado, con apenas unas horas antes de la aplicación de tan traumática medida; y no consta además la preceptiva publicación en el BOCM del día –nunca mejor dicho- de autos, un viernes 13 con reminiscencias a película de terror.

¿A qué obedecieron unas prisas que, dicho sea de paso, no han sido contestadas por la oposición más allá de con argumentos políticos y el mismo o parecido desconocimiento sobre sus propias ordenanzas?

Los motivos

Hay, al menos, dos razones. Una tiene que ver con la contratación como máximo responsable de la circulación en Madrid de un técnico sin experiencia en el sector que procedía del departamento de Atención al Ciudadano y la defenestración, en el mismo instante, de quien controlaba el área hasta entonces y pasaba por experto en la materia.

El "fichaje" es Francisco José López Carmona, a quien se adjudica una elevada conciencia ecologista y un bajo conocimiento de los arcanos del tráfico. Y el "despedido" fue Rafael Morán Llanes, al que se sitúa, por cierto, como simpatizante de Ciudadanos, sin que esté claro que ésta sea la razón de su relevo.

Y la segunda razón es más ideológica y explica las prisas y urgencias par adoptar una medida que podría haber esperado 24 horas para darse a conocer con algo de clama y de respeto por el conductor: se buscaba precisamente ese altavoz que confiere lo inesperado, aun a costa de hacer padecer algunos efectos secundarios innecesarios a los conductores menos informados.

El Ayuntamiento de Madrid gobernado por Carmena quiere parecerse a casi todas las grandes capitales europeas en materia de tráfico rodado, un objetivo irreprochable, especialmente en una ciudad advertida reiteradamente por Bruselas de sus excesos con la contaminación y de las sanciones que tendrían que asumir de no enmendar sus hábitos.

No es el qué, pues, sino el cómo: un plan "secreto" del Gobierno municipal pretende transformar toda la capital en una gran APR (Área de Prioridad Residencial) por la que sólo puedan circular y aparcar los vehículos de los vecinos de cada zona, los transportes públicos y los servicios de emergencia, seguridad, descarga o entrega a domicilio.

El sueño es que las APR (actualmente hay cuatro: Ópera, Cortes, Embajadores y Letras) se extiendan pronto a Malasaña y La Latina y, a continuación, al resto de barrios del interior de la M-30. El problema, o quizá ése sea el objetivo, es para las decenas de miles de personas que van a diario a la capital pero no viven en ella: toda la corona metropolitana de Madrid experimenta un éxodo diario en coche, ante la ausencia de un transporte público operativo y rápido.

Es ahí donde se busca realmente el beneficio ambiental: entre madrileños que no son de la capital y, por cierto, no votan en ella. La aspiración de Carmena es, en ese sentido, idéntica a la de Alberto Ruiz Gallardón, que llegó a estudiar muy en serio la construcción de aparcamientos disuasorios en las entradas a Madrid desde todas la autovías para obligar a esos conductores a aparcar, sí o sí, y apañarse en adelante en Metro o autobús.

Todo muy idílico y razonable de no ser por una razón: tanto los trenes como los autobuses desde Getafe, Alcobendas, Alcalá o Villalba hace infinitas paradas antes de llegar a su destino. Apenas hay CIVIS directos del servicio de Cercanías y, en la práctica, eso condenaría a un callejón a miles y miles de personas: sin poder aparcar en Madrid, salvo que seas de renta alta y puedas usar un parking privado, y sin tener una alternativa solvente del Consorcio de Transportes.

Paul Auster describía en El país de las últimas cosas una urbe imaginaria diabólica y alocada, con gente corriendo hasta reventar hacia ningún lado. Y aunque la intención de Carmena sea justo el contrario y nazca del loable intento por adecentar lo que respiramos, el efecto puede ser el contrario si se condena a miles y miles de trabajadores sin alternativa a correr desesperadamente a un destino al que, con esos mimbres, nunca llegarán a tiempo.