Cristina descubre que es una española más en el peor momento del Rey

A pesar de que la Fiscalía vino a decir que no todos los españoles somos iguales y que "Hacienda somos todos" no es más que un eslogan publicitario, lo cierto es que la Audiencia Provincial de Baleares no tiene la misma opinión y acaba de reforzar la idea de que la Justicia es igual para todos al negar la aplicación de la doctrina Botín a la Infanta Cristina.

Así, el alto tribunal acuerda mediante un auto que la hermana del Rey continúe en el banquillo de los acusados y sea juzgada como una más como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales en el marco del Caso Nóos. Cabe recordar que la doctrina Botín tiene su origen en una resolución del Tribunal Supremo de 2007 en la que se avaló la decisión de la Audiencia Nacional de limitar la acción de las acusaciones particulares para pedir la apertura de un juicio oral contra Emilio Botín y otros directivos del Banco Santander (en el caso de cesiones de crédito) cuando la Fiscalía y los perjudicados hubieran solicitado el sobreseimiento de la causa. La Audiencia argumentó, y posteriormente lo confirmó el Supremo, que la celebración de un juicio instado solo por la acusación popular (en ese caso, la Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes) obra en contra de la legalidad procesal.

La Audiencia sustenta la decisión de mantener a la Infanta en el banquillo de los acusados en el hecho de que lesionar el erario público de Hacienda "provoca un detrimento en el presupuesto necesario para procurar la asignación equitativa de los recursos públicos", por lo que desmonta el argumento esgrimido por la Agencia Tributaria de que el perjudicado por estos hechos "no es la sociedad en general" sino el propio fisco como organismo. En el auto con el que de forma unánime las tres magistradas encargadas de juzgar el caso Nóos rechazan aplicar la doctrina Botín a la hermana del Rey recalcan de haber un perjudicado concreto y específico por los presuntos delitos fiscales cometidos "no sería con carácter exclusivo un determinado organismo público que monopolice" el quebranto. Y ello porque este tipo de actuaciones delictivas "comprometen la consecución de las finalidades de la política económica y social que deben ser garantizadas en un Estado Social y Democrático de Derecho".

Esta noticia le llega a Felipe VI en el peor momento de su trayectoria como Monarca, inmerso en la gobernabilidad más complicada de la historia de la democracia española, en una situación inédita de vacío de poder tras las elecciones generales del 20 de diciembre que no parece tener salida y en la que el Rey tendrá que improvisar porque nunca antes se había dado una situación como esta. En cualquier caso, la Casa del Rey expresó este viernes su "respeto absoluto a la independencia del poder judicial" tras conocer que la Audiencia Provincial de Baleares acordó que la Infanta Cristina continúe en el banquillo de los acusados.