La Infanta Cristina contrata una legión de abogados temiéndose lo peor
El juicio por el caso Nóos se reanuda el martes y la hermana de Felipe VI sigue en el banquillo después de que la Audiencia rechazara la aplicación de la doctrina Botín. No pinta bien.
La Infanta Cristina junto a su marido.
Después de que la baza de la doctrina Botín le fallara, la Infanta Cristina no las tiene todas consigo.
Es por eso que la hermana menor de Felipe VI ha designado a cuatro abogados más para reforzar su defensa en el juicio del caso Nóos, que se reanudará el próximo martes y en el que se sienta en el banquillo como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales por los que el sindicato Manos Limpias, que ejerce en solitario acciones penales contra ella, reclama ocho años de prisión.
Mediante un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la representación procesal de la exduquesa pone en conocimiento del tribunal encargado de juzgar el caso Nóos que, junto a Miquel Roca y Jesús María Silva (quienes ya estuvieron presentes en la primera sesión de la vista oral), ejercerán su defensa los letrados de Barcelona Pablo Molins, Jorge Navarro y Juan Segarra -todos ellos del bufete Molins & Silva-.
También lo hará Jaume Riutord, quien pertenece al despacho mallorquín Riutord Contestí, con el que el bufete que se encarga de la defensa de la Infanta, Roca Junyent, formalizó un acuerdo de colaboración en 2011 con el objetivo de reforzar sus servicios en Baleares.
Tal y como señala el escrito, todos ellos se irán sustituyendo entre sí "en función de sus agendas profesionales, en el bien entendido de que en Sala únicamente podrá actuar un sólo letrado de los presentes". La defensa de la Infanta ofrece la posibilidad de avanzar con antelación qué abogado asistirá a cada una de las sesiones.
En concreto, Manos Limpias atribuye a la Infanta un papel imprescindible para que su marido defraudase 337.138 euros en el IRPF de 2007 y 2008 a través de la empresa de la que los dos son propietarios, Aizoon, una de las mercantiles pantalla del conglomerado supuestamente urdido por Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres para defraudar hasta 6,2 millones de euros públicos.
El tribunal rechazó hace una semana aplicar la doctrina Botín sobre la hija de Don Juan Carlos y Doña Sofía y acordó que continúe siendo juzgada. En respuesta la acusada formuló un escrito de protesta en el que denunciaba la vulneración del artículo 24 de la Constitución, que establece que todas las personas tienen derecho a obtener tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.