Iglesias amenaza con una "policía política" que causa alarma

La "Vicepresidencia para la defensa de los derechos sociales" que se reserva Pablo Iglesias en un hipotético Gobierno con PSOE, Izquierda Unida y Compromís ha levantado resquemor en ámbitos políticos, policiales y judiciales por una cuestión: la creación de una Secretaría de Estado de Lucha contra la Corrupción y Crimen Organizado que lleva incluida una propuesta muy peculiar.

Y es que no faltan quienes creen que la Vicepresidencia que propone Iglesias para sí mismo con objeto de ponerla "al servicio de la gente" podría acabar siendo para el servicio del propio líder de Podemos a través de la nueva Secretaría de Estado, en cuyo organigrama se incluye una Dirección General encargada de la creación y desarrollo de una "Unidad Adscrita de Investigadores" y de "Unidades Policiales Independientes".

Las unidades policiales independientes de Iglesias han levantado resquemor

La propuesta de creación de dicha unidad, definida como una "auténtica policía judicial", no deja de ser polémica si se tiene en cuenta que si las unidades especiales encargadas de la persecución de delitos económicos y corrupción han destacado por algo en los últimos años ha sido por su gran operatividad en dicha lucha a la vista de los numerosos casos a los que han hecho frente. Algunos de ellos salpicando al partido que se encuentra en el Gobierno.

La cuestión, por tanto, ha sido vista con cierta desconfianza en los ámbitos citados, donde hay quienes valoran que dichas "unidades policiales independientes", que sobre el papel están adscritas de forma funcional y temporal a los tribunales, podrían terminar convirtiéndose en unas unidades politizadas.

Porque si en teoría mantendrían una estructura independiente, lo cierto es que el propio documento de Podemos reconoce que sus puestos directivos de máximo nivel serían nombrados por procedimiento de libre designación entre sus integrantes.

Fuentes policiales han expresado su malestar por la medida, ya que no sólo parece que las unidades encargadas de combatir la corrupción no han sido eficientes sino que además consideran que, frente a lo pregonado, no se contribuye a despolitizar las Fuerzas de Seguridad del Estado, sino a otorgar un ariete policial al Gobierno de turno bajo la excusa de la lucha contra dichos delitos.

No falta quien se malicia que esas unidades policiales podrían politizarse al servicio del Gobierno

A esto hay que añadir que además de estas unidades integradas por personal procedente de Policía, Guardia Civil, Hacienda y Aduanas, la Secretaría de Estado de Lucha contra la Corrupción y Crimen Organizado también tendría como función la "especialización y coordinación de aquellos agentes de la Administración" implicados en el descubrimiento e investigación de esos delitos, incluyéndose a policías, fiscales, jueces y órganos fiscalizadores de la Administración.

De ese modo, la Secretaría de Estado tendría vara alta sobre un ámbito crítico. Claro que no es el único asunto relacionado con cuestiones de seguridad en el que Iglesias tendría mando en plazo de forma directa o por delegación si llegase a contar con despacho propio en La Moncloa.

Si las "necesidades sociales como eje central de una nueva forma de pensar y hacer política" -según reza el documento de Podemos- llevan a aplicar cambios que incluyen la reducción de altos cargos, la rebaja del salario del vicepresidente y la renuncia a los privilegios del cargo, el líder del partido morado no quiere perder de vista una atribución de la Vicepresidencia de la vieja política del PP: la responsabilidad de un órgano de vital importancia como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Y es que la adscripción del CNI al Ministerio de Presidencia que dirige la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría tuvo lugar en 2011 con la victoria de Mariano Rajoy retomando unos antecedentes procedentes del franquismo cuando el coronel Ignacio San Martín montó el Servicio de Documentación de Presidencia del Gobierno (SECED).

Hasta la llegada de Rajoy el órgano de inteligencia español, como su antecesor el CESID, dependía del Ministerio de Defensa.