Chaves y Griñán culpan a los medios y al PP del "show del paseíllo" de los ERE

Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y el exconsejero de Empleo José Antonio Viera comparecieron este miércoles ante el juez del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares y se limitaron a ratificar las declaraciones que ya hicieron por esta misma causa ante el Tribunal Supremo en el mes de abril del pasado año 2015.

El juez Álvaro Martín, en el marco de la pieza del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas, los citó a declarar a petición de la Fiscalía Anticorrupción y a fin de "garantizar" tanto su derecho de defensa como el principio de igualdad de las partes ante el proceso.

En las puertas de los juzgados les esperaban decenas de medios de comunicación y ciudadanos, entre ellos miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca, quienes increparon a los tres políticos con gritos de 'chorizo', 'no hay pan para tanto chorizo', 'PSOE-PP, la misma mierda es', o 'manos arriba, esto es un atraco'.

Chaves no se acogió formalmente a su derecho constitucional a no declarar, puesto que, tras la primera pregunta formulada por el magistrado, se ratificó "íntegramente" en la declaración que prestó el 14 de abril de 2015 en el Tribunal Supremo. En un comunicado difundido a la prensa una vez concluida su comparecencia, Chaves señaló que se ratificó en su declaración en el Supremo, donde prestó declaración "durante varias horas", ha destacado que allí contesto "a todas y cada una de las preguntas" del magistrado instructor y el Ministerio Fiscal, tal y como "consta en la transcripción de la misma, de 49 páginas, que está incorporada a la causa".

"En esa declaración está claramente fijada mi posición ante los hechos ocurridos. Desde el pasado 14 de abril, no se ha producido novedad alguna en relación con los hechos por los que presté declaración ante el Tribunal Supremo. Nada ha cambiado y mi posición no ha variado, por lo que la he ratificado en todos sus términos ante el Juzgado de Instrucción", puso de manifiesto Manuel Chaves en dicho comunicado. De igual modo, reiteró "una vez más" que en los Consejos de Gobierno que presidió durante su etapa como presidente de la Junta de Andalucía, "nunca se impulsó, se mantuvo o se aprobó una decisión ilegal".

Algo similar hizo a continuación el expresidente de la Junta José Antonio Griñán, quien igualmente ratificó la declaración que prestó el día 9 de abril de 2015 en el Supremo en calidad de "imputado".

Griñán también emitió un comunicado de prensa en el que explica que, en esta declaración del Supremo, "que se extendió por un tiempo superior a las cuatro horas y cuya transcripción ocupa 63 folios, intervinieron, además del juez instructor, dos fiscales de la Sala Segunda del Tribunal Supremo", a los que contestó, "con claridad y minuciosamente, a 119 preguntas".

"También estuvieron presentes y formularon preguntas los representantes de la acción popular", precisa Griñán, que manifiesta en esta nota que "el acta y la transcripción literal de esta declaración están incluidas en la causa que continuó en el Tribunal Supremo incluso después de haber perdido la condición de aforado". "Nada añadiría, pues, una nueva declaración salvo la propia comparecencia y sus efectos mediáticos", apostilla.

Al finalizar la comparecencia, el abogado de Griñán, José María Mohedano, criticó que el Gobierno del PP "ha presionado" para que tanto Griñán como Manuel Chaves prestaran declaración como investigados ante el juez del caso ERE e "hicieran el paseíllo" a fin de "compensar los casos de corrupción nuevos que hay".

En declaraciones a los periodistas, Mohedano criticó que estas comparecencias "no tienen la finalidad de garantizar el derecho de defensa, que se está vulnerando, ni tampoco el principio de igualdad", todo ello en el marco de un caso "muy antiguo que debería ya cerrarse".

"Esto es una presión para que den el paseíllo", subrayó el letrado, señalando que con ello "no acusa a nadie", no obstante lo cual refirió que recientemente estuvo en Sevilla el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, "porque no se celebraban estas declaraciones". Según dijo, "se pidieron el 25 de enero por segunda vez, pero como nadie accedía a esto, pues vino aquí y estuvo en este Juzgado y estuvo con los fiscales".

"Lo que se trata es muy sencillo, de prolongar este caso, y llamar aquí cada vez con la disculpa de que se le ha ocurrido al fiscal una nueva pregunta, y esto va en contra del derecho de defensa", punto en el que ha recordado que la propia Fiscalía pidió que se declarara la causa de especial complejidad, de manera que la instrucción podrá prolongarse otros 18 meses, algo a lo que "nos hemos opuesto".

A su juicio, "después de cinco años esta causa hay que cerrarla porque ya se ha investigado todo lo investigable" y no debe convertirse "en un show para compensar los casos de corrupción que en otros ámbitos están saliendo en estos últimos meses".

Por su parte, el exconsejero José Antonio Viera ratificó la declaración que hizo en el Supremo el día 7 de abril de 2015 tras señalar que únicamente contestaría a las preguntas que formulase el magistrado, que no realizó ninguna.