El PSOE aprovecha el caso Soria para tapar otra desvergüenza en Andalucía
Qué bien le ha venido a Susana Díaz que la atención de la prensa haya estado esta semana en el exministro de Industria para que nadie se hiciera eco de lo sucedido en el Parlamento andaluz.
Susana Díaz flanqueada por González, Chaves y Griñán.
La semana de pasión protagonizada por el ministro de Industria, José Manuel Soria, que ha terminado con su dimisión, víctima de su presencia en los papeles de Panamá, de sus errores de comunicación y de la ocultación de datos sobre el asunto, ha eclipsado el devenir de uno de los más graves y costosos casos de corrupción de la historia de España, el del fraude de los cursos de formación en Andalucía. Se trata del llamado caso Edu, que afecta a una veintena de empresas y por el que están siendo investigadas más de 200 personas. Por este asunto están imputados además varios exaltos cargos de la Junta de Andalucía.
Esta semana, durante la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía -gracias a los votos del PP, Ciudadanos y Podemos- se ha producido un hecho insólito: el de la omertá de los exaltos cargos nombrados por los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
En este caso, de los exdelegados provinciales de Empleo. Entre lunes y viernes han desfilado por la comisión parlamentaria siete de los ocho, todos menos el de Sevilla, que aún no ha ido: Francisca Pérez Laborda, de Almería; Juan Manuel Bouza, de Cádiz; Antonio Fernández Ramírez, de Córdoba; Marina Martín, de Granada; Eduardo Manuel Muñoz, de Huelva; Irene Sabalete, de Jaén; y Juan Carlos Lomeña, de Málaga.
Cabe recordar que la investigación desarrollada por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) ha cifrado el fraude en los cursos de Formación Profesional en 2.000 millones de euros entre 2007 y 2013.
Pues bien, de los exdelegados provinciales de Empleo llamados a dar explicaciones cuatro de ello, los de Córdoba, Huelva, Granada y Jaén, se han negado a responder a las preguntas de los representantes de los grupos parlamentarios. Y todo ello pese a que el PSOE, para lograr el apoyo de Ciudadanos a la investidura de Susana Díaz, suscribió un documento en pro de la transparencia de la gestión pública. Lomeña aseguró que en este caso hay "una alarma social innecesaria". El lunes se había negado a declarar la exdelegada de Empleo en Jaén, Irene Sabalete, pese a reconocer que no tenía "nada que ocultar".
Odiosas comparaciones
Desde hace tiempo el PP viene quejándose de que en Andalucía la lupa de aumento que tiene encima para los casos de corrupción no existe para el PSOE. Que por ejemplo desde el 1 de febrero tiene a una exalcaldesa de Jerez en la cárcel, Pilar Sánchez, condenada a cuatro años y medio de prisión por malversación, falsedad en documento oficial y prevaricación. Sin embargo, los populares han visto esta semana cómo todas las portadas se hacían eco de la detención de su primer edil en Granada, Juan Torres Hurtado.
Precisamente hace unas semanas, cuando el PSOE criticaba que el PP hubiera votado contra la supresión del aforamiento de los senadores, una situación que afecta a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, otro alto dirigente socialista andaluz, el ex consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, se negó a declarar por el caso de los ERE ante un juez de instrucción de Sevilla. Zarrías se remitió entonces a su declaración ante el Tribunal Supremo donde había acudido... como aforado.