Un nombramiento fantasma vuelve a destapar los tejemanejes del PSOE andaluz
Mas problemas judiciales para la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Diaz. La justicia investiga a un consejero andaluz por el nombramiento de un cargo "fantasma" ligado al flamenco
Susana Diaz atiende a los medios
Nuevos reveses judiciales para el gobierno andaluz que preside Susana Diaz. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha incoado diligencias previas contra el exconsejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, y contra el que fuera director del Centro Andaluz de Flamenco (CAF), Luis Guerrero, y se ha declarado competente para investigar a ambos tras la querella presentada por la Fiscalía Superior de Andalucía por supuesto delito de prevaricación administrativa como medio de cometer otro de malversación de caudales públicos, ambos con carácter continuado.
El auto, difundido este miércoles, señala que los hechos investigados por la Fiscalía Superior de Andalucía, que inició diligencias de investigación en noviembre de 2015 a raíz de las noticias aparecidas sobre "la supuesta ocupación irregular en la Dirección del CAF", podrían ser constitutivos de supuestas infracciones penales a delimitar y concretar en el curso de la investigación.
En la resolución dictada por el alto tribunal andaluz se precisa que, según consta en la documentación que se acompaña a la querella, el ex consejero Alonso "realizó dicho nombramiento en dos ocasiones", la primera mediante una orden de 1 de agosto de 2012 "que mantuvo vigente hasta el 10 de septiembre de 2013" y la segunda con otra orden desde ese día "y que se mantuvo vigente hasta el 12 de junio de 2015".
Asimismo, se señala que consta de las diligencias practicadas por la Fiscalía que Guerrero, a pesar de su nombramiento como director del Centro Andaluz de Flamenco durante todo este tiempo en ningún momento lo visitó, siendo desconocido de las personas que allí trabajaban".
Este nuevo caso de presunta corrupción llega mientras sigue investigándose el caso de los ERES y mientras los implicados en el fraude de los cursos de formación siguen manteniendo silencio en la comisión del parlamento andaluz que investiga el escándalo.