El sorprendente "nunca" de Chaves sobre el fraude de la formación que nadie cree

Por increíble que parezca, durante casi veinte años ningún cargo público ni funcionario de la Junta de Andalucía observó irregularidad alguna en la concesión de ayudas públicas del gobierno socialista a empresarios para que estos las utilizaran en los cursos de formación a trabajadores desempleados. Y el autor de semejante confesión ha sido el ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, citado este lunes por la comisión parlamentaria que investiga uno de los fraudes más gigantescos de la historia de España.

Manuel Chaves ha defendido este lunes que durante los casi veinte años que estuvo al frente del Gobierno de Andalucía "nunca" se produjo "alerta o aviso" dentro de la administración sobre ningún tipo de "deficiencia o irregularidad" en la gestión de las ayudas a la formación.

Así lo ha dicho el exdirigente andaluz socialista -obligado a dejar su escaño tras su imputación por el Tribunal Supremo- en la intervención inicial de su comparecencia ante la comisión de investigación sobre las ayudas a los cursos de formación, cuando ha señalado que tampoco dio "nunca" "recomendaciones o instrucciones" para que se alterasen los principios relativos a una gestión y ejecución legal de las ayudas.

De la misma forma, ha defendido que, "respetando el criterio" de quien pueda pensar otra cosa, "nunca", a lo largo de su ejercicio como presidente andaluz firmó "ninguna decisión ilegal". Todas las decisiones que se adoptaron en el Consejo de Gobierno fueron legales, con los trámites y requisitos exigidos por la ley", ha incidido.

"Creo recordar que en mi mandato no se produjo ninguna alerta dentro de la administración, creo que ni si quiera fuera, sobre cualquier deficiencia o irregularidad", ha recalcado el también exvicepresidente del Gobierno central hoy jubilado.

Antes de que los portavoces de los partidos políticos comenzasen a formular sus preguntas, Chaves se ha mostrado "convencido" de que la administración laboral de la Junta que gestionó y ejecutó las políticas activas de empleo y la formación profesional lo hizo en el marco de "la más estricta legalidad".

En ese sentido, ha aclarado que se refería "no solo a los funcionarios de la administración laboral de la Junta" sino también "a todos los cargos directivos, cualquiera que fuera su nivel", de las estructuras y organismos que gestionaban la formación profesional.

Además, ha advertido de que, pese a las "dificultades" que conlleva la puesta en marcha y desarrollo de cualquier nueva política, como era en aquel momento las políticas activas de empleo, la gestión y ejecución de éstas y de la formación `profesional fue "positiva, razonable, útil y eficaz" para la creación de empleo en Andalucía y para formar a trabajadores en campos en los que había más deficiencias de recursos humanos.

Por su parte, su sucesor en el cargo, José Antonio Griñán ha defendido que en el tema de las ayudas a la formación para el empleo, la administración andaluza ha actuado "de acuerdo con la legalidad" y ha añadido que las "deficiencias" que hubieran podido producirse "no han sido de la administración sino, en todo caso, contra ella".

En una breve intervención con la que ha arrancado su comparecencia ante la comisión de investigación sobre las ayudas a los cursos de formación en el Parlamento andaluz, Griñán ha respaldado que esas ayudas se gestionaron mediante un "proceso reglado y garantista".

El expresidente ha señalado que para él supone "un honor" comparecer ante la comisión de investigación al considerar que está "cumpliendo un deber" por sus muchos años como miembro del Gobierno andaluz. "Es la contrapartida del derecho que tienen los ciudadanos a controlar al poder ejecutivo", ha dicho Griñan, que ha recordado que, tras 45 años de "servicio público", es pensionista desde hace más de uno.

Este martes será el turno de la actual presidenta de la Junta, Susana Díaz.