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El PP sienta en el banquillo a Kichi, el alcalde de Cádiz acusado de injurias

El juzgado cita como investigado a José María González, a su jefe de Gabinete y al edil de Medio Ambiente por presunto delito cometido por unas acusaciones al anterior equipo de Gobierno.

El alcalde de Cádiz durante una movilización.

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El alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, ha apuntado que "no tendrá ningún problema" en presentarse a declarar cuando sea citado al hilo de la querella presentada por los integrantes del anterior equipo de gobierno del PP contra él mismo, el concejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, y el jefe de gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia, por un presunto delito de injurias y calumnias a cuentas de las declaraciones vertidas por éstos en relación al incidente del corte de agua en el barrio de Loreto en 2014, si bien el regidor ha remarcado que dicha citación "no es firme" aún.

Así se ha pronunciado en un comunicado después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz haya citado a declarar como "investigado" al alcalde de la ciudad, así como a Manuel González y José Vicente Barcia, el próximo 18 de agosto, al hilo de la referida querella.

En una nota, el equipo de gobierno no quiere afrontar la realidad judicial y dice "la citación a la que hace referencia el Partido Popular no es firme" y que el juez que instruye el caso de la querella presentada por los populares "está obligado a admitirla a trámite". Además, ha apuntado que ha tenido noticia de dicha citación a través de los medios de comunicación, "puesto que no ha llegado notificación alguna del Juzgado al respeto".

Desde el ejecutivo municipal indican que "la querella se fundamenta en supuestos delitos de injurias y calumnias por la información elaborada por la empresa pública Aguas de Cádiz respecto al suministro de agua contaminada en la Barriada de Loreto durante al menos 13 días sin poner en conocimiento dicho hecho a la autoridad sanitaria y sin proceder conforme a la legalidad vigente requiere".

El alcalde no quiere afrontar la realidad judicial y dice "la citación a la que hace referencia el PP no es firme" y que el juez que instruye el caso de la querella presentada por los populares "está obligado a admitirla a trámite"

Desde el equipo de gobierno subrayan que el juzgado al que le toca tramitar las querellas por delitos de injurias y calumnias no tiene otra opción que incoar el correspondiente auto de admisión a trámite puesto que son delitos denominados privados, que no se inician de oficio por ningún tribunal o juzgado y que necesitan la interposición de una querella por parte de los supuesto ofendidos. "Es decir, que el juzgado en el que se turna la tramitación de querellas por este tipo de delitos privados, como al parecer ha hecho el juzgado de instrucción de Cádiz, no tiene otra opción que dar traslado a los querellados y a citarlos para que declaren respecto al contenido de la misma", añaden desde el gobierno local.

El ejecutivo de Kichi apunta además que "intentar equiparar la admisión de una querella por presuntos delitos de injurias y calumnias a la admisión por parte de cualquier juzgado de instrucción de un delito, por poner ejemplo de corrupción, malversación de fondos públicos, estafa, prevaricación, etcétera, es un disparate jurídico que en el caso que nos ocupa no es de extrañar dada cuenta la manipulación torticera que en todo momento está haciendo el PP de Cádiz de este asunto".

En esta línea, afirman que "estamos en un Estado social y de derecho, cualquier ciudadano está en su legítimo derecho de interponer cuantas acciones judiciales en defensa de su honor y dignidad entiendan oportuna, y en esto no podía ser menos el PP, al que agradecemos profundamente la nueva oportunidad que nos van a dar de demostrar aquello que intentan esconder con esta querella, y con la manipulación informativa de la misma que están haciendo", que es que "la empresa pública Aguas de Cádiz, presidida en su momento por el teniente alcalde de la antigua corporación municipal, suministró agua contaminada a sabiendas durante al menos 13 días en la Barriada de Loreto".

"Lo hizo, insistimos, teniendo conocimiento de ello y ocultando las analíticas de la Universidad de Cádiz que así lo confirmaban", añaden desde el gobierno gaditano, cuyo alcalde concluye apuntando que "respeta profundamente todos los procesos judiciales y no tendrá ningún problema en presentarse a declarar cuando sea citado". No obstante, traslada al PP que "durante estos años pueden hacer dos cosas, o pasarse toda la legislatura presentando querellas a discreción o poniéndose a trabajar, proponiendo soluciones para Cádiz y ganándose el sueldo de paso".

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