Acelerón independentista: nuevo "golpe de mano" de Convergencia y la CUP
Ni las sentencias del Tribunal Constitucional, ni las advertencias del Gobierno en funciones en las últimas horas. Nada frena el sprint soberanista de los convergentes y los antisistema.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont
Juntos por el sí, la plataforma liderada por Convergencia, y la CUP han cerrado este viernes la ponencia de la segunda ley de "desconexión" que define una administración tributaria propia para Cataluña, y la elevarán al pleno tras el verano para que la Cámara catalana decida si la admite a trámite y la trabaja en comisión, algo que se da por hecho porque los dos partidos tiene mayoría absoluta.
"Es una ley muy importante, es la estructura de estado económica más grande que tendremos. Queremos un modelo diferente del que tenemos ahora que dependemos del Estado español. Eficaz, moderno, eficiente y al servicio de los ciudadanos", ha explicado la diputada Maria Senserrich (JxSí) en declaraciones a los periodistas.
La primera ley de ruptura que los soberanistas presentaron fue la de la agencia catalana de protección social, que fue admitida a trámite por la Cámara el miércoles, mientras que la tercera que preparan y que aún no han acabado es la del régimen jurídico, que los soberanistas ven como el instrumento para pasar de la legalidad actual a una catalana.
El Gobierno vuelve a emplazar al TC
Mientras, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este viernes que el Ejecutivo ha pedido al Tribunal Constitucional que analice si la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, incurrió en responsabilidades penales por incumplir sus resoluciones al permitir la votación y aprobación de la resolución que autoriza debatir sobre la "desconexión" de Cataluña.
Esta petición se enmarca dentro del incidente de ejecución que el Gobierno ha pedido a la Abogacía del Estado que presente ante el Tribunal Constitucional por la resolución aprobada esta semana por el Parlament, que pide que sea declarada nula y suspendida de forma "inmediata".
Tras la reunión del Consejo de Ministros, Santamaría ha explicado que la actuación del Gobierno busca la nulidad y suspensión de la resolución del Parlament, un requerimiento personal a Forcadell y el resto de miembros de la Mesa de la Cámara para que se abstengan de realizar cualquier iniciativa relacionada con esa resolución y que el TC deduzca testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a Forcadell por incumplir el mandato del Alto Tribunal.