Un diputado del PP de Castellón puede arruinar las negociaciones PP-Ciudadanos

Ciudadanos está recabando información sobre la situación procesal del diputado del PP por Castellón Óscar Clavell, procesado por prevaricación y malversación en su etapa de alcalde de Vall d'Uixó (Castellón) para decidir si exige su acta a la dirección del PP en el contexto de la negociación abierta ara la investidura de Mariano Rajoy. Una nueva situación que podría dificultar el acuerdo de investidura.

Clavell fue procesado por un juzgado de Nules (Castellón) por malversación, prevaricación y fraude en un caso de su etapa de alcalde de Vall d'Uixó, el mismo municipio del que fue regidora la actual presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig.

En el auto de procedimiento abreviado, la juez de Nules aprecia indicios de delito en el comportamiento de Clavell respecto al pago de casi 707.000 euros en facturas de la empresa contratada para la limpieza viaria y transporte de residuos urbanos, todo ello "pese a que la responsable técnico de la ejecución del servicio" le advirtió de que éste "no se estaba ejecutando correctamente".

Facturas cuestionadas

Según recoge el auto, Clavell "pese a los defectos de las facturas y pese a la oposición de los funcionarios correspondientes, validó personalmente su aptitud para el cobro, lo que permitió el abono de las mismas". Sin embargo, el procesamiento fue recurrido en primavera a la vista de que Clavell era diputado. En junio, el PP volvió a presentarlo en su lista al Congreso por Castellón y revalidó su escaño, con lo que el tema se ha parado.

Habida cuenta de que el pacto anticorrupción de PP y Ciudadanos exige la salida inmediata de los miembros del Gobierno y de las Cortes investigados por corrupción, Ciudadanos ha pedido información para determinar si el caso de Clavell es un episodio de corrupción política o de mala praxis. Si fuera el primer caso, exigirán su destitución.

El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, considera que el acuerdo firmado el viernes ya está vigente y que la salida de cargos imputados en casos de corrupción es aplicable para miembros del Gobierno y de las Cortes Generales desde el momento en que fue rubricado el pacto.

Ahora bien, entiende que hay que distinguir entre casos de corrupción política, cuando hay enriquecimiento personal o financiación ilegal de un partido, y lo que son casos de "mala praxis" en el ejercicio de la actividad política.

¿Mala praxis o corrupción?

"La mala praxis en la actuación política no es corrupción, tendrá su reproche político o jurídico, pero no es corrupción. No es lo mismo meter la pata que meter la mano en la caja, que sí es corrupción", ha subrayado. Por ello, se ha pedido información sobre la naturaleza de los delitos que se imputan al diputado para ver si es corrupción o de otra naturaleza y decidir si se exige el acta o no. Según ha explicado, esa misma distinción se hizo en Madrid y en Andalucía cuando se negociaba con los gobiernos autonómicos.