Otro lío: el Supremo investiga a una diputada por la que Sánchez apostó
Al líder socialista le crecen los enanos. La ex alcaldesa de Santoña, incluida por decisión suya en las listas del 26-J, está bajo los focos de la justicia por irregularidades en su gestión.
La diputada investigada Puerto Gallego Arriola
El Tribunal Supremo ha abierto causa contra la diputada del PSOE y exalcaldesa de Santoña (Cantabria), Puerto Gallego Arriola, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa relacionado con el fraccionamiento de contratos en el consistorio, donde gobernó en el periodo entre 2003 y 2009. La investigación contra la exprimer edil corresponde al alto tribunal dada su condición de aforada. Gallego ha presentado este viernes su dimisión como parlamentaria a la dirección del PSOE.
En septiembre del pasado año la Audiencia Provincial de Cantabria validó la opinión de la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santoña sobre los indicios existentes contra los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento siendo alcaldesa Gallego, por fraccionar contratos y adjudicarlos directamente a distintas empresas, básicamente a cuatro, sin convocar el correspondiente concurso abierto, al no superarse la cuantía exigida por la ley para hacerlo (18.000 euros).
En un auto notificado este viernes, el alto tribunal nombra instructor de esta causa al magistrado Pablo Llanera mientras que se acuerda que la causa continúe ante el órgano competente respecto de los hechos imputados al resto de investigados por estos hechos, que no tienen condición de aforados.
La investigación del juez de Santoña se dirigía también contra los ocho concejales del PSOE de la villa durante el citado periodo: José Ramón Badiola, Pedro María López, Carmen Leiva, Diana Gil, Joaquín Bonet, Gloria Valmaseda, María Antonia Alonso y Jesús María Valle. Todos ellos seguirán siendo investigados en Santander.
Todos ellos declararon, en octubre de 2013, como imputados por presunta prevaricación administrativa ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santoña, ante la cual aseguraron que no habían cometido "ningún delito".