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La inundación de un barracón escolar saca a flote la mayor farsa de Puig y Oltra

Hace un año, el nuevo gobierno valenciano se comprometió a eliminar las clases en módulos prefabricados pero ha incumplido su promesa estrella entre la indignación de los padres.

El presidente valenciano, Ximo Puig, y su vicepresidenta, Mónica Oltra.

Publicado por
Miguel Blasco

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Diecisiete meses después de su llegada al poder, la principal promesa electoral del autoproclamado "gobierno de progreso" de la Comunidad Valenciana no se ha cumplido. El socialista Ximo Puig ha sido incapaz de hacer realidad uno de sus compromisos prioritarios: la eliminación de los módulos prefabricados reconvertidos en aulas educativas.

Este mismo lunes, las clases han sido suspendidas por orden de la Generalitat, tras las intensas lluvias caídas en la Comunidad Valenciana este fin de semana, tormentas que han dejado inhabilitados... aquellos mismos barracones que Puig y Oltra se comprometieron a eliminar hace ahora un año.

Entre los módulos cerrados tras las lluvias está el conocido como Colegio 103, uno de los más utilizados por Compromís para atacar al anterior gobierno de Alberto Fabra. Pero ahora, las tornas han cambiado y la indignación con el llamado "gobierno de progreso" no ha hecho más que crecer.

Fuentes de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del 103 han indicado este lunes que algunos padres habían llevado a sus hijos a las ocho de la mañana y han tenido que volver a recogerlos. Esta misma semana pasada, el centro ya tuvo que llamar a los padres para que recogieran a sus hijos por el riesgo de un cortocircuito tras inundarse el cuadro de luces al entrar el agua por las grietas.

Hartos, los padres de este centro han llegado a convocar una manifestación frente a la sede de la Consejería de Educación para exigir ya "una solución alternativa" a las constantes evacuaciones de sus hijos. Las protestan circulan también por las redes sociales.

Durante la campaña electoral de las elecciones autonómicas de 2015, al PSOE valenciano y a Compromís se les llenó la boca con una denuncia de la que hicieron causa fundamental contra la gestión del gobierno de la Generalitat, presidido entonces por el popular Alberto Fabra.

Tanto el socialista Ximo Puig como la candidata nacionalista, Mónica Oltra, centraron gran parte de su estrategia en denunciar la gestión del PP en materia de educación.

Su denuncia -con notables dosis de demagogia incluidas- pasaba por oponer las inversiones millonarias en infraestructuras con la existencia de barracones portátiles a los que muchos alumnos de la Comunidad Valenciana se veían obligados a asistir en los cursos de primaria de la enseñanza pública.

Tal fue la contundencia de la campaña contra el PP que, ya en la Generalitat, Puig y Oltra presentaron en enero de este año un plan para cerrar todos esos barracones -un total de 24- y construir 124 nuevos centros educativos hasta el año 2019.

Fue el propio presidente, junto a su consejero de Educacion, Vicent Marzá, quien presentó a bombo y platillo su llamado Plan de Infraestructuras Educativas, con una inversión de 500 millones de euros.

Pero el plan de PSOE y Compromís no ha tenido mucho éxito en su ejecución. En junio, seis meses después, Oltra se vio obligada a volver a comprometer su palabra: "hay que acabar con la situación lamentable de los barracones", enfatizó la vicepresidenta del Consell, para exigir de nuevo"dignificar" los colegios valencianos.

La reapertura de Canal Nou

Mientras la Generalitat ni siquiera ha iniciado las obras para sustituir 13 de los 24 barracones existentes, Puig ha decidido impulsar otros proyectos mucho menos prioritarios.

Con el beneplácito de Compromís, aunque con la oposición de Podemos, el socialista pretende reabrir la televisión pública valenciana con un contrato-programa que obligará a la Generalitat a destinar 50 millones de euros públicos cada año. Pretende además contratar a más de 200 personas.

Asimismo, Puig ha decidido para este 2017 triplicar hasta los 7 millones de euros las subvenciones para el fomento de la lengua valenciana, que PSOE y Compromís pretenden extender hasta Murcia.

Curiosamente, parte de esas subvenciones han acabado en colectivos pancatalanistas próximos a ERC.

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