Los feos chanchullos de un alto cargo del PSOE le explotan a Puig y Oltra

El responsable de la estrategia electoral de los socialistas valencianos, Víctor Sahuquillo, tiene los días o las horas contadas al menos como gerente de la empresa pública Imelsa, precisamente la que saltó a la fama por el "yonki del dinero", Marcos Benavent.

Gin-tonics, whisky, vaqueritos (chupitos) a cargo del erario público y la utilización de un vehículo de empresa para uso particular han sido determinantes para que la vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra, trasladara este jueves públicamente su sentencia a Sahuquillo por incumplir el código ético de buen gobierno.

Semanas antes, una auditoría interna señalaba graves incidencias y cuestionaba la gestión en personal (la multiplicación de altos cargos), las retribuciones (por encima del tope legal), el sistema de contrataciones y el control del gasto en dietas.

Más allá del código de buenas prácticas, Sahuquillo parece haber experimentado una notable evolución. En un impagable vídeo promocional daba cuenta de su "intensa actividad" como diputado autonómico y, al mismo tiempo, como secretario de Acción Territorial del PSPV.

Sahuquillo, entonces en la oposición, proclamaba su apuesta por el uso del transporte público (cogía el tren para ir de su domicilio a las Cortes Valencianas o a la sede de PSPV) y destacaba, entre sus aficiones, "pasear, para encontrar mayor tranquilidad".

Este jueves, El Mundo desvelaba que Sahuquillo, meses después de ser nombrado gerente, aprobó un procedimiento administrativo para contratar su propio vehículo oficial. El modelo elegido fue un Peugeot 308, nuevo "al 100%", según la claúsula de dicho concurso. Desde octubre utiliza el coche también para uso privado.

La Diputación de Valencia, responsable de Divalterra, cuenta con chóferes y un notable flota de vehículos a disposición de los diputados y de los funcionarios para diversas gestiones.

Si en la etapa del gobierno del PP, Imelsa ha sido una especie de cueva de Alí Babá, investigada por la justicia y con decenas de cargos procesados; la empresa, rebautizada a principios de año por el nuevo gobierno de izquierdas como Divalterra sigue siendo una maldición para sus dirigentes.

De los tres responsable elegidos en julio de 2015 por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para limpiar la empresa investigada por la fiscalía anticorrupción, no queda ninguno.

El presidente de la diputación, Jorge Rodríguez, decidió acabar con el denominado clan de Gandía. Primero fueron el gerente, José Ramón Tíller, y el vicesecretario de Relaciones Institucionales del PSPV y ex alcalde de Gandía, José Manuel Orengo, impuesto como jefe de gabinete de Rodríguez en la Diputación.

A raíz de un contrato de 525.000 euros para la defensa jurídica de Imelsa en el caso Taula -abortado por Jorge Rodríguez antes de su firma-, el responsable de los servicios jurídicos, José Luis Vera, ex alto cargo con Joan Lerma y asesor de Orengo en Gandía, fue apartado temporalmente de su puesto.

La cifra es similar al dinero que el PSPV adeuda al penalista Virgilio Latorre. Rodríguez ha decidido que el caso sea llevado por los letrados de la Diputación, con el consiguiente ahorro y enfado de Blanquerías, sede de la dirección del PSOE valenciano.

Sahuquillo, el superviviente

La nueva tormenta amenaza ahora a Sahuquillo (1967) un dirigente que ha basado su éxito en su flexibilidad y en su capacidad de adaptación a los diferentes tiempos del PSPV. Su carrera se inició de la mano de Ciprià Ciscar, ex secretario de organización del PSOE y en la actualidad el diputado nacional con más trienios.

Posteriormente pasó a formar parte del equipo de Jorge Alarte, con el que llegó a ser secretario de organización, y en la actualidad de Ximo Puig, donde ocupa la secretaria de Acción Electoral.

El presidente de la Diputación, uno de los dirigentes políticos valencianos mejor valorado según una encuesta de Levante-EMV, puso toda la carne en el asador al relevar al clan de Gandía para colocar a Sahuquillo como líder de la firma pública para limpiarla de la etapa del PP.

Merced al acuerdo de gobierno en la Diputación, se decidió de forma llamativa que la actual Divalterra, tuviera dos gerentes, uno del PSOE y otro de Compromís. Algo que no pasó despercibido por el auditor, quien alertó del incremento de altos cargos con la llegada de los nuevos responsables.

El cambio de nombre de la firma -de la que dependen las brigadas forestales-, suponía, según dijeron sus nuevos responsables, el nacimiento de una nueva etapa de transparencia y de las formas de entender la administración de lo público.

Las denuncias aparecidas han llevado a Sahuquillo a presentar un escrito para asumir los gastos de bebidas alcohólicas, que habían pasado como minutas a la empresa. Del vehículo nada se ha comentado hasta el momento. Fuentes del gobierno de la diputación han mostrado su malestar con Mónica Oltra por inmiscuirse en una institución que no le compete.

Oltra ya se manifestó en su día en contra de la contratación del marido de la consejera de Sanidad, Carmen Montón, como gerente de otra empresa de la diputación. La opinión de la vicepresidenta fue determinante para que finalmente el elegido renunciara al puesto.

El entorno de presidente de la corporación provincial Jorge Rodríguez reconoce la "torpeza" de Sahuquillo por tomar decisiones en una empresa en el punto de mira. Algunos han manifestado su deseo de que Sahuquillo deje el puesto para zanjar una polémica que, no obstante, rezuma vendeta en las filas del PSPV y de Compromís ante el ascenso de la popularidad del presidente de la Diputación.