La Justicia archiva tres causas contra el PP en 72 horas y la izquierda lo tapa
Desde el lunes han sido absueltos cuatro dirigentes y exdirigentes del partido. Sus imputaciones ocuparon muchos titulares y minutos de informativos pero ahora han dejado de interesar.
"Para la gente siempre seré una corrupta". Es una de las reflexiones que estos días se hace en voz alta Sonia Castedo, exalcaldesa de Alicante y estigmatizada de por vida.
Castedo dimitió hace ahora dos años tras verse acorralada política y mediáticamente a raíz de su imputación en dos casos, Brugal y Rabassa, por presunta corrupción. "Soy madre de dos niñas a las que tengo que proteger", afirmó entonces después de entregar su cabeza, que el propio PP pidió con insistencia.
En las últimas 72 horas la Justicia ha absuelto en tres causas judiciales a Castedo y a tres dirigentes del PP en activo. Pero las sentencias favorables a la exalcaldesa de Alicante, a Alfonso Alonso, a Javier Maroto y a Óscar Clavell no han ocupado ni la centésima parte de los titulares y minutos de informativos y tertulias que ocuparon sus imputaciones. Más bien ha habido un manto de silencio.
Y ello ha intensificado en el PP un debate que ya desencadenó la muerte por infarto de Rita Barberá el pasado 23 de noviembre: ¿En qué momento procesal exigir responsabilidades políticas?, ¿debería revisarse el acuerdo con Ciudadanos, según el cual ningún imputado puede ejercer un cargo público, corra la suerte que corra después?
Para los de Albert Rivera dicha premisa es innegociable, carta sobre la mesa pesa. Y Mariano Rajoy, con sólo 137 escaños detrás, prefiere no meneallo. Es más, a buen seguro el PP endurecerá sus normas a este respecto en las ponencias que el partido está redactando para su Congreso nacional de febrero. Pero el asunto está ahí.
Maroto y Alonso, ambos exalcaldes de Vitoria, fueron absueltos este miércoles por el Tribunal de Cuentas por la firma de un contrato público de alquiler a un precio considerado superior al de mercado. Nueve años les ha costado llegar hasta aquí. Nueve años y una erosión de su imagen: cuando Rajoy propuso a Alonso como ministro de Sanidad, y cuando propuso a Maroto como vicesecretario del partido, la izquierda usó el caso del alquiler para torpedear sus nombramientos.
El martes, la Audiencia Provincial de Alicante confirmó el archivo del caso Rabasa por presuntos favores de Sonia Castedo al empresario Enrique Ortiz al no hallar indicios de delito. La noticia llegaba casi dos años después de su dimisión como alcaldesa y, por supuesto, no saltó de las páginas de la prensa local a la nacional como antaño sí lo hizo su imputación.
Y un día antes, el lunes, el Tribunal Supremo dio carpetazo a la causa contra el diputado nacional del PP por Castellón al no apreciar prevaricación ni malversación en el decreto que firmó como alcalde de Vall de Uxó Óscar Clavell en diciembre de 2010 para validar unas facturas por valor de 706.789 euros del servicio de limpieza.
Clavell solicitó horas después a los que antaño pidieron su cabeza que ahora pidan disculpas. Pero sabe que no las tendrá, como tampoco el resto.