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Último aviso: los jueces ponen contra las cuerdas a Puigdemont y Forcadell

La persistencia de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña de fijar una fecha para el referéndum independentista se ha saldado este miércoles con un auto del Constitucional.

Forcadell, Puidemont y Junqueras: varapalo del Constitucional

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Último aviso para las dos principales autoridades de Cataluña: la presidenta del Parlamento, Carmen Forcadell, y el de la Generalitat, Carles Puigdemont. El Constitucional suspende el referéndum soberanista previsto para el próximo año.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este miércoles el incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno el pasado 14 de octubre contra las resoluciones aprobadas unos días antes por el parlamento catalán impulsando el proceso constituyente, entre ellas, la que apoyaba la celebración de un referéndum en 2017 con o sin el aval del Estado.

La admisión a trámite supone la suspensión cautelar de las resoluciones aprobadas hasta que el tribunal de garantías se pronuncie sobre el fondo de asuntos. El Ejecutivo cuestionó la legalidad de seis resoluciones aprobadas por la Cámara catalana el pasado 7 de octubre al existir un "incumplimiento" de la sentencia del Tribunal Constitucional del 2 de diciembre.

El Gobierno ya solicitó al Tribunal de Garantías la nulidad de otra resolución aprobada por el Parlamento catalán el pasado 27 de julio, la que dio inicio al denominado proceso de "desconexión" de Cataluña con España. De hecho, el TC ya se ha pronunciado al respecto y acordó de forma unánime su nulidad.

Tras conocer la decisión, la diputada de la CUP, Anna Gabriel, ha criticado al Estado tras la decisión del TC de suspender cautelarmente las resoluciones aprobadas en el Parlament que instan a celebrar un referéndum, por lo que ella da por zanjado el acercamiento de posiciones entre los gobiernos central y catalán: "La operación diálogo acaba aquí".

Gabriel ha asegurado que la CUP ya preveía estas suspensiones y que por eso plantearon la resolución independentista suscrita el 9 de noviembre de 2015 por JxSí y la CUP, que llamaba a no reconocer al TC ni sus dictámenes porque es un "tribunal de parte" del Estado español.

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