Un juez afín al PSOE mete al Gobierno en un feo embrollo con Don Juan Carlos
No es de extrañar que el Ejecutivo esté deseando deshacerse del magistrado del Tribunal de Estrasburgo Luis López Guerra, colocado ahí por los socialistas y con un currículum polémico.
El magistrado español Luis López Guerra, nombrado por el PSOE para la Corte de Estrasburgo, avala la quema de fotos del Rey.
¿Es lógico que el representante de España en un organismo internacional trabaje contra los intereses de su propio país, cuyo gobierno le designó? Algo tan descabellado esta ocurriendo en los últimos años, y de forma reiterada, con el magistrado español nombrado en su día por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para la plaza reservada a nuestro país en el Tribunal de Estrasburgo.
Y es que Luis López Guerra, el juez en cuestión, no ha ocultado nunca su activa militancia en el PSOE y su animadversión, declarada en varias ocasiones, por el PP. Su trayectoria y ascenso en la carrera durante el mandato socialista es evidente: llegó a figurar en el numero tres de la lista de Rafael Simancas en su candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2003.
Pero, además, Zapatero le concedió sucesivos premios: la vicepresidencia del Consejo General del Poder Judicial (GGPJ), secretario de Estado de Justicia con Juan Fernando López Aguilar, y en 2008 magistrado español en la Corte europea, donde finaliza mandato precisamente este año.
La última decisión polémica de López Guerra se ha conocido este mismo miércoles. Según informa ABC, el Tribunal de Estrasburgo ha abroncado al Tribunal Constitucional por condenar la quema de fotos de Don Juan Carlos y Doña Sofía en un viaje de estos a Gerona en el pasado.
La Sala que preside el juez español debe resolver ahora si admite el recurso del Gobierno contra la resolución de la Corte europea que apela, en su dictamen, a la libertad de expresión como derecho imperante sobre el de injurias al Jefe del Estado.
Otegi y Parot, en su mochila
En el Gobierno no se oculta la preocupación por esta decisión, en plena ofensiva independentista y antisistema en Cataluña, dados los antecedentes del representante de España en la magistratura comunitaria.
El papel de López Guerra fue decisivo en dos decisiones muy perjudiciales para los intereses de España y, sobre todo, para la estrategia judicial antiterrorista.
En 2011, apoyó que el Estado reparara al líder batasuno Arnaldo Otegi por haber sufrido supuestos "daños morales". El TC le había condenado por llamar al Rey Juan Carlos "jefe de los torturadores".
Peor aún fue, en 2013, el papel de López Guerra en una resolución vital para la estrategia penal contra ETA. El magistrado español fue determinante para que el Tribunal de Estrasburgo derogara la llamaba doctrina Parot, que permitía el alargamiento legal de las penas a los etarras con las condenas más severas.
López Guerra dio amparo a la sanguinaria etarra Inés del Río, cuya salida de prisión sirvió de precedente para una veintena de etarras que protagonizaron las peores matanzas de los años 80.