La denuncia por un pelotazo de 600.000 euros deja sin palabras a Puig y Oltra

Imelsa, la empresa que hizo famosa Marcos Benavent, el auto proclamado yonqui del dinero, y que provocó decenas de cadáveres políticos sobre todo en las filas del PP -encabezados por Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia en la pasada legislatura-, conserva su maldición y sigue aumentando el listado de políticos que han tenido que dejar la sociedad pública o están en proceso de tener que abandonarla por incompatibilidades, luchas internas e incluso casos de presunta corrupción.

Los últimos episodios están desestabilizando al equipo de gobierno integrado por cuatro formaciones progresistas. Compromís amenazó al PSOE con vetar los presupuestos de la Diputación de este año si no era despedido el gerente y asimismo secretario de acción electoral de los socialistas valencianos, Víctor Sahaquillo, salpicado por facturar a la empresa pública gastos de gintonics y whisky.

Sahaquillo rembolsó los cerca de 300 euros y decidió abandonar la firma, rebautizada como Divalterra, lo que evitó una crisis de gobierno pese a contar con el apoyo de Ximo Puig y del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez.

El asunto de las copas se antoja anecdótico tras el desvelado ahora por Esquerra Unida. La diputada Rosa Pérez, vicepresidenta cuarta, ha denunciado que es víctima de una "vendetta" por abortar "un presunto pelotazo de 635.000 euros". Para cerrar el círculo de despropósitos, un informe solicitado por la gerente de Divalterra, Agustina Brines (Compromís), ha actuado como bumerán ya que afecta al vicepresidente tercero, de la misma formación.

A todo esto, EU sospecha que se ha ocultado documentación al juzgado que instruye el caso y que podría dar un cambio de rumbo por lo que respecta a la investigación de los conocidos como zombies, el personal contratado a propuesta de los grupos políticos y que no acudían a trabajar. Pérez mantiene que el contratado a media jornada por su formación sí cumplía con el horario laboral estipulado.

La diputada provincial de EU, Rosa Pérez, fue quien destapó en julio de 2014 el denominado caso Taula o Imelsa, al aportar a la Fiscalía Anticorrupción más de diez horas de grabaciones sobre presuntas mordidas en la adjudicación de obras en la etapa de gobierno popular.

Ahora, la diputada lanza una grave acusación a sus socios, y más concretamente hacía la actual gerente de Divalterra, Agustina Brines, de "querer apartarla del consejo de administración de la empresa pública" por "haber reventado el contrato para ejercer la acusación particular en el caso Imelsa por un coste de 635.250 euros".

Según sus palabras: "Un presunto pelotazo". Finalmente son los servicios jurídicos de la Diputación de Valencia los que se hacen cargo con el consiguiente ahorro de medio millón de euros para las arcas públicas.

Pérez reconoce que sigue resultando "incómoda" ante las nuevas peticiones de documentación sobre contratos que entiende pueden estar "hinchados".

En respuesta a las solicitudes, la gerente de Divalterra encargó un informe jurídico para avalar su negativa a atender la solicitud de la diputada que, si bien fue quien denunció el caso, con posterioridad el juzgado la incluyó como investigada por el caso de los zombies.

Es más, el informe jurídico pedido por Brines sostiene que la diputada debe ser apartada del consejo de administración de Divalterra. Casualmente en la misma situación se encuentra el dirigente de Compromís Emili Altur, por lo que también debería dejar la empresa.

Entre la documentación solicitada por EU, y que se le niega por el momento, se incluye la "lista de asesores, miembros de consejo de administración, así como de los sindicatos y partidos desde el año 1995, con indicación del tiempo que estuvieron contratados, de la modalidad contractual y de la persona a la que asesoraban".

De confirmarse la sospecha de Rosa Pérez, el proceso judicial puede verse alterado, ya que hasta el momento se ha sostenido que la contratación de asesores en Imelsa por parte de partidos o sindicatos se inició en la etapa de Marcos Benavent, el yonqui del dinero.

Compromís y el PSOE, a la gresca

Esto es, podría haberse ocultado al juzgado que instruye el caso documentación anterior quizá para no desvelar el nombre del algunos cargos políticos actuales. La diputada de EU subraya que los que han sido principales colaboradores de Benavent siguen trabajando ahora a la órdenes de la gerente de Compromís.

La situación de Divalterra está revelando continuos roces entre Compromís con el PSOE y EU. La formación de Mónica Oltra rechaza que los socialistas tengan un consejero delegado para repartirse la responsabilidad, una vez que dimitió Sahaquillo.

Compromís propone que se nombre un cogerente. En plena marejada, el consejo de administración ha tenido que aprobar el pago de las nóminas a los trabajadores de Divalterra, en su mayoría brigadas forestales, una vez que la gerente no tiene facultades de firma que superen los 18.000 euros porque su formación se negó a ampliarle las facultades como proponían los socialistas.

Una muestra más de la desconfianza entre socialistas y Compromís que está afectado a la gestión de la empresa de la que dependen 800 familias.