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Detenidos dos altos cargos de Artur Mas por las mordidas de CIU

Mientras el presidente de la Generalitat y sus socios aceleran su desafío soberanista, la Guardia Civil sigue investigando la red de cobro de comisiones ilegales del partido de Puigdemont.

El expresidente de la Generalitat y de Convergencia, Artur Mas.

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La Guardia Civil ha desarrollado este jueves una nueva operación contra la financiación irregular de la antigua Convergencia a través de los organismos públicos Infraestructuras.cat, Autoridad Portuaria de Barcelona y Entidad Pública BIMSA del Ayuntamiento de Barcelona, han informado fuentes de la investigación. Se están practicando 25 registros y se esperan 19 detenidos. Entre ellos se encuentran Antoni Vives y Francesc Sánchez, muy próximos al expresidente Artur Mas.

La llamada operación Pika afecta a tres importantes organismos públicos que, de acuerdo a la investigación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, realizaban presuntamente licitaciones de contratos amañados con diferentes empresas.

Como contraprestación a la adjudicación de estos contratos, posteriormente hacían efectivas donaciones a las fundaciones satélites de CDC. La Guardia Civil sospecha que esta dinero pasaba a formar parte de la financiación del partido político, con la participación directa de relevantes responsables de la formación nacionalista.

Los 25 registros y dos requerimientos se están llevado a cabo en las empresas Infraestructuras.cat, Autoridad Portuaria de Barcelona y Entidad Pública BIMSA. La Guardia Civil se encuentra también recabando información en despachos profesionales y domicilios relacionados con la trama presuntamente fraudulenta.

250 agentes se han desplegado en Barcelona, Girona y Lleida en el marco de una investigación por la presunta financiación irregular de la antigua CDC en una operación que es continuidad de la operación Petrum. El operativo está dirigido por el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona).

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha desvinculado esta operación de la estrategia del Gobierno para hacer frente "con la ley" al desafío de los partidos independentistas en Cataluña.

En una entrevista en la Ser, Zoido ha recordado que es la cuarta vez que se realiza una operación con registros por la presunta financiación irregular de CDC y que, como en otras ocasiones, "no depende de lo que quiera la Guardia Civil" sino que es "una instrucción de la Fiscalía Anticorrupción".