Los cinco pasos que el Gobierno va a dar para parar los pies a los secesionistas

La parafernalia activada por los tres presuntos sediciosos, Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau tiene trazas de ser una pedrada a sus propios intereses. Fuentes de toda solvencia del Tribunal Supremo no dudan ante este cronista que “la sentencia es de libro, condenatoria” y añaden: “No se nos puede pasar por la imaginación que los jueces de Cataluña puedan prevaricar”.

Así de claro, así de concreta es la opinión de dos magistrados del Supremo que, a mayor abundamiento, sugieren que el despliegue insólito de “soberanistas de autocares y funcionarios pelotas” (denominación muy extendida) ha caído como una bomba en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuyos magistrados están soportando, más mal que bien, el ejercicio de insólita presión realizado nada menos que por el representante legítimo del Estado en Cataluña: la Generalitat.

El Gobierno considera que la marcha de acompañamiento a Mas ha sido un "escrache judicial"

Una presión que ha bordeado el desacato presentándose los tres encausados con más de una hora de retraso ante el Tribunal. En el Gobierno son menos piadosos que los jueces con la organización de Puigdemont, del procesado Mas y de sus acólitos, y califican directamente de “escrache judicial” el espectáculo de unos miles de separatistas rodeando y jaleando, “como si fueran Juana de Arco” a los enjuiciados.

Pero la primera impresión de los colaboradores del presidente Rajoy es que la movilización no ha alcanzado, ni mucho menos, los deseos de los escisionistas. Otra cosa es que en los próximos días, Mas y demás complotados aprovechen el tirón del juicio y se presenten poco menos que como reos de un corredor de la muerte edificado por España.

El rotundo fracaso de los "observadores internacionales"

La Delegación del Gobierno en Cataluña, que cuenta con medios numéricos para evaluar la presencia de asistentes, calcula que los hooligans de Mas y compañía no han llegado a los 10.000, al tiempo que enfatizan el fracaso de otra movilización: la de los observadores internacionales que ha promovido, con el dinero de todos los catalanes, el Ejecutivo catalán.

Solo un par de voluntarios han aceptado el billete de avión pagado por la Administración de Junts pel Sí (un profesor francés y una desconocida dirigente de Option, el muy minoritario partido de Quebec) han presenciado en Barcelona la riada promovida por Mas y sus comilitones.

Tampoco el esfuerzo mediático, carísimo, emprendido oficialmente ha tenido éxito, al punto de que ni siquiera los periódicos secesionistas, subvencionados por la Generalitat han podido presumir de otro éxito que de la noticia del “desafío de Mas” (The Guardian), “de acto grave de desobediencia que juzgan los jueces” (Le Monde), de “El Mesías catalán” (Liberation) o del “simulacro de referéndum” al que se refiere Le Figaro.

Y por cierto, en Político en su versión europea, cada vez con mayor influencia en nuestros ámbitos, toda la consideración que merece Mas es ésta: “Mentiroso”.

Una vez culminada la teatralidad de la secesión comienza la espera en el desarrollo del juicio y, desde luego, la proclamación de la sentencia que tampoco, según las fuentes consultadas por el cronista, “puede demorarse en demasía”.

Rajoy confía en el PSOE si hay que abordar medidas de mayor calado. Pero alarma la sombra de Pedro Sánchez

Durante todo este tiempo y el que acontezca después, el Gobierno va a tomar las siguientes decisiones: una, continuar con el proceso de diálogo y presencia en Cataluña pero, eso sí (esta es la novedad) sin contar ya con la Generalitat, lo que supone que no habrá entrevista Rajoy-Puigdemont.

Dos, insistir en que no se va a tolerar “ni solo un acto administrativo” de rebelión de los separatistas, otra cosa es lo que digan de palabra.

Tres, cada paso en este sentido que tomen los separatistas “tendrá -respuesta literal- respuesta dura y adecuada”, una respuesta que no excluye ningún planteamiento, incluso el constitucionalmente más atrevido.

Cuatro, si insisten, como el Gobierno se teme, en convocar elecciones una vez conocida la sentencia -que se cree será desfavorable a Mas, Ortega y Rigau- y colocar otra urna, de cartón o de lo que sea, para votar si o no a la ruptura, el Gobierno o incluso la Junta Electoral Central procederá excluir esa urna de los colegios electorales o, quizá, a clausurar tales colegios, lo que implicaría, de hecho, la suspensión, de los actos electorales.

Y, cinco, naturalmente, estimular a la Fiscalía y al Tribunal Constitucional a que tomen responsabilidades directas en el abordaje de todo el proceso de separación.

Por tanto, el encanallamiento de los secesionistas no les va a salir gratis. El Gobierno confía en que el PSOE del presidente de la Gestora, Javier Fernández, le acompañe en este proceso extraordinariamente grave que no tiene precedentes en la Historia de España.

Y mientras Junqueras... se frota las manos.

El regreso de Pedro Sánchez a la Secretaría General del partido no aventaría desde luego, ninguna esperanza de acuerdo entre PP y PSOE, pero la impresión también es que Sánchez no ganará las primarias socialistas.

En otro orden de cosas, hay que seguir con muy viva atención lo que suceda en las relaciones entre la antigua Convergencia y Esquerra Republicana de Cataluña, cuyo principal dirigente, Junqueras, está dejando que los nuevos convergentes y desde luego los antiguos, Pujol y Mas, se abrasen en el conflicto del referéndum, mientras él y su partido propenden sin disimulo alguno a la celebración de nuevas elecciones autonómicas en las que tienen garantizada una victoria muy amplia sobre la nueva Convergencia.

Esquerra sueña con las elecciones pero necesita que las “convoque” la CUP, que los antisistema sean los culpables de disolver el Parlament. Y, mientras Mas y compañía se abrazan a la irrealidad de unas manifestaciones pagadas con dinero público, Junqueras, mucho más frio, se reúne, para nada porque es exactamente para nada, hasta con la vicepresidencia del Gobierno, y prepara su acceso a la Presidencia de la Generalitat.

Junqueras conoce, por lo demás, que algunos estudios demoscópicos aún no publicados sobre los que están trabajando ahora mismo diversas empresas, concluyen con una nada sorprendente evidencia: la de que la mayoría de los españoles consultados, incluidos al efecto habitantes de las cuatro provincias catalanas, declaran un hastío extraordinario ante lo que está sucediendo con el separatismo catalán hasta el punto -dato muy preocupante- que por lo menos una de estas muestras termina por advertir que tal mayoría de encuestados piden directamente “que se separen de una vez”.

Terrible dato que naturalmente ni el Gobierno ni nadie con una mínima sensatez se puede poner a considerar. El Gobierno de Rajoy tiene finalmente un reto considerable que atender y es que los separatistas no logren asentar la imagen internacional de que España carece de calidad democrática, basados como están, en situar el derecho a voto por encima de la legalidad vigente.

Este Gobierno de ahora tiene mayor solidez exterior que el de hace un tiempo por tanto puede vender sus mensajes con mejor éxito. Estamos ya en un punto, situación, de no retorno. El separatismo no va a ceder, pero el Estado no puede dejarse derrotar. Las medidas tintas de intentar de nuevo un proceso de afección no tienen futuro alguno. La suerte está echada.