La coartada de Mas salta por los aires con la declaración de un funcionario
En la segunda jornada del juicio por la consulta ilegal del 9 de noviembre no ha habido manifestaciones a las puertas del TSJ catalán ni propaganda independentista.
El inspector de Educaciòn que ha confirmado que Mas ordenó abrir los colegios para la consulta ilegal.
La coartada suscrita este lunes por Artur Mas y sus exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega ha recibido este martes un severo varapalo a manos del primer testigo en declarar en el juicio por la consulta ilegal del 9N.
Un inspector de Educación ha sostenido en su declaración que "se estaba forzando a los directores" de los institutos de secundaria, como mínimo, a ceder las llaves de los centros educativos para acoger la consulta sobre la independencia.
En su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el inspector -primer testigo en comparecer en el juicio- ha relatado que las directoras de dos institutos (las que dependían de él) le explicaron que la directora de servicios territoriales les había dado "instrucciones" de lo que tenían que hacer con el centro para el 9N.
Según ha explicado, a las directoras les dieron tres alternativas: o hacerse cargo de los centros para la consulta, o buscar a profesores que se encargasen como voluntarios, o entregar las llaves a los servicios territoriales.
El inspector ha dicho que recomendó a estas dos directoras de instituto que exigiesen a la Consejería de Enseñanza que esta orden se la diesen por escrito y, según ha declarado, la directora de servicios territoriales se negó a hacerlo y se limitó a comunicárselo a las directoras de palabra en unas reuniones a mediados de octubre y además, según él, se enfadó cuando se lo reclamaron por escrito.
Esta recomendación a las directoras se la hizo antes de la suspensión de la consulta -que los organizadores denominaron proceso participativo- por parte del Tribunal Constitucional y después de esta suspensión les remitió un nuevo escrito en la que fue taxativo con ellas y les dijo: "No podéis permitir el uso de institutos si no recibís instrucciones concretas".
Sello oficial tras la suspensión
También ha relatado que una de estas directoras de instituto le dijo que después de la suspensión le mandaron una carta que la eximía de toda responsabilidad pero que estaba sin firmar pero con el sello de los servicios territoriales:
"Quien tiene el sello es un funcionario porque un voluntario no puede poner un sello oficial", ha explicado, y ha añadido que le dijo a la directora que creían que la habían engañado.
La Fiscalía sostiene que documentos como éste demuestran que la Generalitat de Artur Mas continuó con los preparativos de la consulta después de que el 4 de noviembre de 2014 el Constitucional la suspendiese, al contrario de lo que afirman Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, que aseguran que los dejaron en manos de voluntarios.
Por su parte, el inspector Jesús Rul ha explicado que el inspector jefe les instó en una reunión el 21 de octubre de 2014 a no intervenir ante la petición de la Dirección de Servicios Territoriales de Barcelona Comarcas de la Consejería de Enseñanza a los directores de institutos para que cedieran los centros para el proceso participativo.
A preguntas de la Fiscalía, ha detallado que supo por el inspector jefe que la directora territorial de Barcelona Comarcas, Montserrat Llobet, pensaba convocar a los directores de institutos de la zona para comunicarles que sus centros iban a ser sede del 9N y entonces lo comentó con los directores que dependían de él.
Según este inspector, las reuniones con los directores se desarrollaron con una forma de proceder "no habitual", y le inquietó que se les pidiera solamente de manera verbal que los institutos fueran sede de votaciones.