Empleo descubre 300 contratos irregulares avalados por la Diputación de Valencia

La Generalitat valenciana y el Gobierno central han abierto un nuevo foco de enfrentamiento con múltiples actores y perjudicados. En la batalla jurídica entre en Ministerio de Empleo de Fátima Báñez y la Diputación de Valencia están en juego tres millones de euros que a día de hoy deben pagar municipios menores de 5.000 habitantes de la provincia de Valencia por presuntas irregularidades en contratos de unos 300 trabajadores; en su mayoría arquitectos, ingenieros, biólogos y trabajadores sociales. También están implicados 15 colegios profesionales. El Gobierno de Ximo Puig defendió la insumisión, pero ya son decenas los ayuntamientos que han desatendido el llamamiento a la rebelión y optan por regularizar la situación de los empleados afectados.

La Inspección de Trabajo está remitiendo esta semana cartas a un total de 193 ayuntamientos y mancomunidades reclamándoles diferentes cantidades por impago de cuotas a la Seguridad Social de trabajadores que prestan servicios profesionales como "falsos autónomos" incluso desde hace cinco años. Los paganos de las presuntas irregularidades son los pequeños municipios, pero en realidad es la Diputación de Valencia la responsable del conflicto.

La corporación provincial, consciente de la precariedad económica de los pequeños municipios y de la necesidad que tenían para contratar a aparejadores, arquitectos, ingenieros, arqueólogos y trabajadores sociales, diseñó un convenio a tres bandas. La fórmula vigente, desde hace más de 30 años, consiste en que los ayuntamientos y la Diputación pagan alrededor del 80% del salario y el colegio profesional adherido al convenio el porcentaje restante.

A los seis meses, la Diputación subvenciona en un 50% del total a los ayuntamientos, que pueden tener como máximo tres convenios. Esto es, puede darse el caso de que un municipio tenga un convenio con el Colegio de Ingenieros Agrónomos, otro con el de Aparejadores y un tercero con el de Biólogos. Tres profesionales prestando servicio con un máximo de 4 horas semanales.

El origen del conflicto

El tipo de contrato es de prestación de servicio. Es ahí donde surge el conflicto. La Inspección de Trabajo alertó en septiembre pasado a la Diputación de Valencia de que los empleados sujetos a dicho convenio, unos 300, no desarrollaban una labor "excepcional" sino "específica", por lo que debía ser dados de alta en el sistema general de la Seguridad Social. Sin embargo la diputada de Asesoramiento optó por dar la batalla legal al Ministerio e incluso acordó aumentar el número de horas que se subvencionaba. La diputada denunció que la decisión de la Inspección era poco menos que un ataque del Ejecutivo de Mariano Rajoy al Gobierno socialista de la corporación provincial.

Con todo, en el conflicto han aflorado dos asuntos de calado: un sistema arbitrario en las contrataciones y la precariedad de los contratados, según los sindicatos. Son los alcaldes o los concejales del equipo de gobierno quienes deciden a qué persona se contrata y qué tipo de servicios, ya que están amparados por la ley al tratarse de contratos menores o de negociado sin publicidad. No parece casual que con los cambios en los gobiernos locales vayan aparejadas sustituciones de técnicos, lo que, en opinión de representantes sindicales, pone en evidencia "clientelismo político".

A esto se une que la percepción económica que reciben los técnicos. El trabajador debe hacerse cargo de su seguro de autónomo y el 19% de retención de IRPF. En el caso al menos de los arquitectos deberían contar con un seguro que es obligatorio pagar durante diez años ante cualquier caso de responsabilidad civil o penal. Por lo tanto, si están contratados sobre cuatro o cinco horas percibirían poco más de 400 euros brutos al mes.

Varios asociados habían alertado a los colegios profesionales de las irregularidades

Los 15 colegios profesionales implicados también están afectados. Al margen de desembolsar sobre el 20% del total de la cuota, han apoyado los convenios pese a las denuncias de irregularidades de asociados. Varios de ellos han mantenido en todo momento que los contratos eran irregulares. Al mismo tiempo han lamentado que los presidentes de los colegios apoyaran implícitamente la "precariedad" laboral.

Concluida la inspección en 193 localidades y mancomunidades, el inspector provincial de Trabajo y Seguridad y tres subinspectores exponen en un voluminoso informe al que ha tenido acceso ESdiario que los contratados contaban en la mayoría de los casos con despacho formal en las corporaciones locales, ordenadores e incluso figuraban en las web municipales. Al mismo tiempo, en el documento se deja constancia de que en la actualidad en "España existen 1.523.000 asalariados que prestan servicios a tiempo parcial, encabezando junto a Grecia y Portugal el ranking de la Unión Europea".

Los ayuntamientos tienen ahora 15 días para presentar alegaciones, pero ya se ha dado el caso de que un buen número de ellos ha "pagado la multa" y ha decidido contratar a los profesionales con un modelo reglado. Los ayuntamientos, todos ellos menores de 5.000 habitantes, consideran que deben ser la Diputación la que se haga cargo de los tres millones de euros de las regularizaciones. Otras derivada más de un conflicto repleto de actores y que se antoja de largo recorrido.