Salen a la luz los "chanchullos" de Oltra: denuncian 107 contratos ilegales
Todas las promesas de transparencia y buen gobierno con las que a Compromís y el PSOE se les llenó la boca han quedado en el el baúl de los recuerdos.
La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, de Compromís.
Compromís se presentó a las elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana con una insistente bandera: la regeneración y la transparencia en el ejercicio de la acción del Gobierno. Pero los hechos ponen a cada uno en su sitio y tanto el presidente socialista, Ximo Puig, como su vicepresidenta, Mónica Oltra (Compromís) no salen muy bien parado.
Y no es que sean los partidos de la oposición o los medios de comunicación los que han arrojado luz a los chanchullos de Oltra. Lo ha hecho la propia Intervención General de la Generalitat, el órgano encargado de fiscalizar la legalidad de los contratos de la administración pública valenciana.
Lo cuenta el diario Las Provincias. La Intervención de la Generalitat ha advertido a la vicepresidenta del Consell, en su calidad de responsable de la consejeria de Igualdad y Políticas Inclusivas, de que la gestión que hace su departamento en materia de contratación no se ajusta a lo que establece la Ley de Contratos del Sector Público.
La advertencia no tendría mayor importancia si el toque del fiscalizador a Oltra se hubiera producido en una ocasión. Pero, hasta en 107 contratos la Intervención ha visto ilegalidades.
Oltra acumula más de un centenar de reproches (hasta 107) por parte de la Intervención delegada -el órgano de su departamento que asume las funciones de la Intervención de la Generalitat- por la vulneración legal que se viene produciendo en la contratación de empresas que prestan el servicio de puesta a disposición de plazas residenciales para mayores dependientes.
107 reparos de ilegalidad en la gestión de los fondos públicos, y en un asunto tan sensible como es precisamente el de las personas con dependencia, deja en entredicho buena parte del discurso con el que la líder de Compromís ponía en cuestión en la pasada legislatura el uso de los fondos públicos que realizaba el gobierno del popular Alberto Fabra.