Rajoy ordena investigar las cuentas de Ciudadanos harto del marcaje de Rivera

Se ha desatado la guerra de las comisiones de investigación, una batalla que amenaza con poner a la luz los sistemas con los que los partidos se financian en España. En una insólita secuencia, este miércoles una eventual alianza entre PSOE, Ciudadanos y Podemos registró una petición para que se investigue el llamado caso Bárcenas y, minutos después, el PP hizo lo propio solicitando otra comisión que investigue las cuentas de todas las formaciones parlamentarias.

Y es que en Génova y en La Moncloa se habían encendido hace días todas las alarmas a cuenta de la creación de comisiones de investigación parlamentarias. Mariano Rajoy no está dispuesto a que “sólo” el PP sea objetivo de “tácticas partidistas y escarnios parlamentarios”. Y así ha quedado demostrado.

El presidente del Gobierno ha dado luz verde para que en el caso de que prospere y se constituya una comisión para investigar sólo la financiación del PP -tal como han solicitado formalmente este miércoles PSOE y Ciudadanos en el Congreso-, el grupo parlamentario popular en el Senado presente en el registro de la Cámara Alta la creación de una comisión de investigación para investigar la de todos los partidos. De momento, el portavoz popular, Rafael Hernando, ha hecho lo propio en el Congreso.

En el PP ha sentado especialmente mal la alianza coyuntural de Ciudadanos con Podemos para forzar la 'comisión Bárcenas'

Los populares advierten: si en el Congreso se cargan las tintas sólo hacía ellos -como pretende la oposición- en el Senado “como es lógico” habrá que investigar a todos, incluida la “rápida y eficaz financiación de Ciudadanos”, señala a ESdiario un destacado miembro del PP.

A Albert Rivera le sentó especialmente mal que durante la sesión de control Mariano Rajoy le recordara que está dispuesto a que se investigue todo, y que esa investigación pueda ser en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.

Cuando el líder del partido naranja escuchó esas palabras llamó gestualmente “caradura” al presidente del Gobierno, pero insistió en que “sólo quiere saber lo de la caja B del PP” y no lo del resto de los partidos.

“La investigación de la presunta financiación ilegal del Partido Popular resulta de todo punto imprescindible para eliminar cualquier sombra de duda que se arroje sobre el correcto funcionamiento de las instituciones de España. Porque las sombras que sobre éstas se proyectan, se extienden, injustamente, sobre el conjunto del Estado democrático de Derecho. Es un riesgo que debe ser neutralizado inmediatamente”, señala textualmente la petición presentada este miércoles firmada por el PSOE, Ciudadanos y Podemos y que quisieron formalizar muy gráficamente Antonio Hernando, Juan Carlos Girauta e Irene Montero.

Imbuidos los diputados y senadores en ese afán de ser los mejores Sherlock Holmes de la historia parlamentaria, desde el partido que sustenta al Gobierno están dispuestos a que todos los ciudadanos conozcan de primera mano si son ciertos o no los ingresos y gastos de todas las formaciones.

Dado que PSOE, C's y Podemos suman mayoría en el Congreso, la propuesta del PP no saldría aprobada en la Cámara Baja, pero en el Senado los populares disponen de mayoría absoluta y pueden sacar adelante la comisión, sus comparecencias y sus conclusiones.

De esta forma, especialmente interesante puede ser conocer el dinero supuestamente procedente de Venezuela que sirvió para financiar a Podemos. O los ingresos que recibe una televisión iraní, o si realmente a través de productoras se desviaron fondos al entorno de Podemos.

El crowdfounding, el dinero de Venezuela o la sede de Ciudadanos

O en el caso de Ciudadanos, apuntaban las mismas fuentes de la dirección del grupo parlamentario popular, si las relaciones de Luis Garicano como exmiembro del Consejo de Administración de Liberbank, sirvieron para conceder las “mejores condiciones” a la hora de adquirir la sede de Ciudadanos en Madrid.

O si los “errores administrativos” desviando al partido el dinero, que por ley le corresponden, a los concejales o diputados va más allá de un simple error. Y sobre la financiación del PSOE y en especial el PSOE de Andalucía a través supuestamente de los cursos de formación. O la responsabilidad de los ERE.

Son asuntos que investiga la Justicia. Alguno de ellos en fase de juicio oral, o a punto de que se dicten autos de procesamiento. Pero cuando todavía no se ha llegado ni a los cuatro meses de legislatura, el Parlamento, el Congreso y el Senado, se pueden convertir en Cámaras de investigación paralela.

Quizá no para depurar responsabilidades políticas, que se supone el objeto de dichas comisiones, sino simplemente para reprochar políticamente las actuaciones de unos y otros. Todo ello mientras leyes fundamentales como Presupuestos o Educación, o Violencia de Género, duermen el sueño de los justos.