Palo a UGT: un atestado exculpa al empleado que aireó las comilonas y desfalcos

Tal y como señala este sábado el diario El Mundo, nuevas pruebas exculpan a Roberto Macías, el ex administrativo de la federación andaluza de UGT que el sindicato quiere que sea condenado a 4 años de cárcel y a pagar 60.000 euros por "daño moral", bajo la acusación de haber destapado la contabilidad interna y el presunto fraude de las facturas falsas que está investigando un juez de Sevilla, después de que trascendiera el escándalo.

La información recalca que tras los presuntos desvíos de subvenciones documentados por este diario, como las comilonas con barra libre en la Feria de Abril de Sevilla, costeadas con ayudas de la Junta, o los 700 maletines falsificados en Asia que el sindicato regaló a los asistentes a un congreso regional, también sufragados con fondos públicos, UGT-A desató una caza de brujas interna.

Los cabezas de turco señalados por el sindicato fueron sus ex trabajadores Roberto Macías y Laureano Conde, a los que puso una querella. El sindicato acusa a Macías de haber copiado 22.500 archivos confidenciales de su contabilidad que luego fueron publicados en los medios y destaparon el fraude de las presuntas facturas falsas y los supuestos desvíos de subvenciones. Conde fue despedido de forma fulminante por el sindicato en 2013 acusado de borrar 1.756 archivos internos. Ambos niegan que revelaran ningún secreto.

La querella de UGT-A por revelación de secretos se está investigando en el Juzgado de Instrucción 11 de Sevilla, donde ya están las nuevas pruebas que exculpan a Roberto Macías. Las diligencias sobre Laureano Conde quedaron archivadas hace dos años, al no haber el más mínimo indicio de que hubiera cometido el delito de revelación de secretos que le achacaba el sindicato.

Pero según El Mundo, las nuevas pruebas que exoneran a Macías demuestran que otros empleados de sociedades instrumentales de UGT-A como Soralpe, ajenos por completo al departamento de compras o la contabilidad interna ugetista, tuvieron acceso a los ficheros que, según el sindicato, eran confidenciales y que fueron copiados por su antiguo administrativo.

Otro informe técnico elaborado por la empresa Forest Digital Evidence, que ha sido aportado al juzgado, curiosamente, por el sindicato, sostiene que un usuario llamado Roberto Macías entró por última vez en el ordenador con el que trabajaba en el sindicato y desde el que se hizo el copiado masivo de archivos confidenciales el 18 de diciembre de 2012, es decir, 18 días después de que fuera despedido.

Roberto Macías estuvo trabajando en el área de compras del sindicato como administrativo desde el 5 de diciembre de 2008 hasta el 30 de noviembre de 2012. El presunto copiado de archivos que le achaca el sindicato se produjo unos días antes de su marcha, el 7 de noviembre de 2012. ¿Cómo es posible que haya quedado constancia de un acceso al ordenador con el que trabajaba Macías en la sede de UGT 18 días después de su despido? Ese día Roberto Macías no estaba en la sede del sindicato, ¿quién lo hizo? ¿por qué?

La prueba que demuestra que había otros trabajadores de empresas vinculadas a UGT-A con acceso a los documentos que el sindicato dice que son confidenciales es el atestado 5/2015, realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de Delitos Económicos de la Guardia Civil. Analiza el disco duro incautado en el despacho de M.T., un trabajador de Soralpe, en el que había información sobre la supuesta facturación ilícita, además de los botes y las comisiones que iba acumulando el sindicato con sus proveedores de confianza.

Aunque Soralpe es una empresa participada 100% por UGT-A, no tiene sentido que aparezcan en el disco duro de uno de sus trabajadores esos ficheros, que son propios del departamento de compras al que pertenecía Roberto Macías. Además, las anotaciones del informe vendrían a confirmar que solamente los empleados del área de compras del sindicato tenían acceso a esa información. El empleado de Soralpe M.T., cuyo disco duro fue analizado, se encargaba de asuntos de personal, altas o vacaciones, pero nunca trabajó en el departamento de compras.

Prueba que ahora sí vale

Este atestado ha sido remitido desde el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, donde se siguen las pesquisas sobre las presuntas facturas falsas y la supuesta financiación irregular del sindicato a través de las subvenciones concedidas por la Junta. Inicialmente, la juez de Instrucción 11 rechazó esta prueba, pero la Audiencia de Sevilla la obligó a practicar las diligencias solicitadas por Roberto Macías, al considerarlas "necesarias y pertinentes", dice el auto de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla fechado el 15 de junio de 2016.

Este auto advertía de que si hubieran tenido acceso a los "documentos publicados otras personas ajenas al sindicato, no parece que pudiera hablarse de indicios suficientes para atribuir" a Roberto Macías "la revelación de los documentos a los que se refiere la denuncia, con trascendencia para afectar a la intimidad de alguna persona física".

La declaración de Roberto Macías ante la UCO de la Guardia Civil ha sido fundamental para que la Fiscalía Anticorrupción solicitara la imputación de Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, los máximos responsables de UGT-A entre 1998 y 2013, por su "participación directa" en la "financiación ilícita" del sindicato.