El juez de Púnica añade presión al PP en vísperas de la moción en Murcia
El magistrado Eloy Velasco pide al Tribunal Superior de Murcia que investigue a Pedro Antonio Sánchez por tres presuntos delitos justo cuando el partido tiene que tomar una decisión límite.
Al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, se le abre un nuevo frente judicial.
La Audiencia Nacional abre un nuevo frente al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, deja en el alero sus posibilidades de seguir en el cargo y añade presión al PP a dos días de que se debata la moción de censura presentada por el PSOE contra él.
El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga presuntas irregularidades en Murcia en el marco del caso Púnica, ha elevado este lunes la exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia de la parte relativa al presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, a quien le atribuye la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información.
En su exposición razonada, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 justifica su decisión de enviar la causa a Murcia en que el investigado concertó trabajos con el informático experto en reputación en Internet Alejandro de Pedro para "limpiar" con dinero público su imagen en las redes sociales con motivo de la campaña para las elecciones a la presidencia de la región, en 2015.
Con esta acción "lastimó los intereses de la Administración Pública que no debe correr con semejantes gastos particulares", según precisa el magistrado instructor que añade que en el momento de los hechos, Sánchez era consejero de Educación y concertó este acuerdo para lavar su imagen "dada la cantidad de investigaciones penales a las que había y estaba siendo sometido por su actuación pública".
Velasco explica que los trabajos reputacionales, presupuestados en 4.600 euros al mes, son constitutivos de delito de fraude porque, aunque no se llegaron a cobrar dado que días después estalló la trama Púnica, sí existió "acuerdo y concertación" afectando a los intereses de la Administración.
El juez conformó la pieza relativa a las actividades de la trama en un auto que dio a conocer el pasado 13 de febrero y en el que dirigió el procedimiento contra 22 personas, entre ellas Pedro Antonio Sánchez y la senadora del PP, Pilar Barreiro, a quien le atribuyó cinco conductas delictivas.