Un exalto cargo del PSOE e íntimo de Garzón mueve los hilos contra Rajoy
Contra el criterio de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y las defensas, y con los reparos de un dividido tribunal, el presidente declarará en el juicio del Gürtel... ¿Quién ha maniobrado?
El presidente del Gobierno, pensativo, en su escaño en el Congreso.
En pleno debate sobre el papel de la acusación popular -una figura legal que no existe en los países de nuestro entorno- y su posible eliminación, ha sido precisamente esta parte personada en el juicio por el caso Gürtel la que ha logrado este martes que tenga que comparecer ante la Audiencia Nacional, en calidad de testigo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
La Asociación de Abogados Demócratas por Europa -representada en la vista oral por el letrado José Mariano Benítez de Lugo- logra un objetivo que ha perseguido largamente, y lo hace con el tribunal dividido al respecto y contra el criterio de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los letrados de las defensas. Curiosamente, ADADE solamente ha recibido el apoyo de la acusación que ejercen los socialistas valencianos.
"Es la venganza póstuma de Baltasar Garzón", se ironizaba este martes en un restaurante de la capital, al recordar la procedencia de la mayoría de los miembros de la cúpula de ADADE, muy próximos al PSOE, abanderados de la llamada justicia universal, con una indisimulada antipatía al PP y muy cercanos al citado exjuez de la Audiencia Nacional. Quien fue inhabilitado precisamente por prevaricar en la instrucción del caso Gürtel al ordenar escuchas ilegales en prisión a los cabecillas de la trama.
Los magistrados 'conservadores' Carlos Dívar, Enrique López y Concepción Espejel, y la propia AVT han sido objetivos de este colectivo de abogados próximos al PSOE
Basta ver los casos en los que se ha personado ADADE y Benítez de Lugo para comprender su ubicación ideológica. Fue acusación contra el expresidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Dívar, por el uso de recursos de la institución, aunque luego fue absuelto por ello.
Actuó contra la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) por supuestas injurias a José Luis Rodríguez Zapatero durante la negociación del Gobierno del PSOE con ETA.
Y se personó contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas, y recusó, hasta apartar del tribunal, a los magistrados Enrique López y Concepción Espejel. ¿Su delito?: Ubicarse en el ala conservadora de la Judicatura.
Pero se da la circunstancia de que Benítez de Lugo no es precisamente un jurista independiente. De hecho llegó a ser alto cargo de los primeros gobiernos de Felipe González. Fue director general de la Administración Local, entre 1983 y 1985, bajo las órdenes del ministro del ramo, Tomás de la Quadra-Salcedo.
En plenos años más oscuros del felipismo, cuando el diario El Mundo comenzó a revelar los escándalos y las escuchas ilegales en el CESID, ADADE y Benítez de Lugo ya se personaron como acusación contra el periódico que entonces dirigía Pedrojota Ramírez.
Benítez de Lugo, que ha logrado que Rajoy tenga que declarar, fue alto cargo de Felipe González
Posteriormente, representó a los dirigentes del PSOE madrileño Cristina Narbona, Matilde Fernández, Ruth Porta y Rafael Simancas en una querella que interpusieron contra el entonces alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, por presuntas irregularidades contables en el Ayuntamiento.
"No nos resignamos"
Y es que Benítez de Lugo se ha posicionado a favor del PSOE en muchas ocasiones. El 6 de marzo de 1999, un año antes de la mayoría absoluta del PP, suscribió un manifiesto en el diario El País bajo el título No nos resignamos, en el que se pedía una "acción contundente del electorado" para que los populares no se perpetuaran en el poder remarcando "lo lesivo que resulta para nuestra sociedad el gobierno del Partido Popular".
En 2014, ADADE estuvo a punto de desaparecer por falta de recursos económicos. Pero, ese mismo año, en una entrevista en la Agencia EFE, Benítez de Lugo no ocultaba que Rajoy era su objetivo prioritario.
"En el Parlamento Rajoy puede contar lo que quiera, pero como testigo ante un juez no puede sino decir la verdad", afirmaba, en vísperas de que el presidente compareciera en el Congreso para explicar los llamados papeles de Bárcenas.
PP: "Clara intencionalidad política"
Este martes, tras conocer que Rajoy deberá declarar en calidad de testigo, el PP denunció en un comunicado la "intencionalidad política" de ADADE.
"Hay que destacar que la declaración de Mariano Rajoy en el procedimiento es una muestra del proceso mediático que la acusación popular de ADADE pretende seguir. Consideramos que todo ello supone una situación de abuso de derecho, por cuanto una petición con clara intencionalidad política se enmascara bajo un interés jurídico inexistente", subrayó.
"La asociación ADADE está liderada por dos personas, Javier Ledesma y Mariano Benítez de Lugo, muy conocidas por su cercanía al Partido Socialista", recordó el PP.