Indignación en el PP por la impunidad del clan González en el Canal de Isabel II
¿Cómo no saltaron las alarmas cuando varios familiares de Ignacio González, al menos tres, se aprovecharon de su presencia en la presidencia regional?. Es la pregunta que recorre el PP.
El expresidente madrileño, Ignacio González, custodiado por un agente de la Guardia Civil.
Cuando este pasado miércoles, tras conocerse la detención del expresidente madrileño Ignacio González, el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, reconoció que aquello "no auguraba nada bueno" sabía perfectamente de lo que hablaba.
Y es que cuarenta y ocho horas después del mazazo de la operación Lezo, y superado el estupor por la imagen del expresidente de la Comunidad de Madrid detenido por agentes de la Guardia Civil, en Génova se ha instalado una sensación de indignación, tras conocerse que, entre los detenidos, se encuentran además el hermano mayor y el cuñado de González. Toda una familia, un clan, que durante años campó presuntamente a sus anchas por la principal empresa pública madrileña.
En el PP nacional muchos se preguntan como los familiares de González camparon a sus anchas sin despertar alarma alguna
Junto al sucesor de Esperanza Aguirre, ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco van a desfilar su hermano mayor, Pablo González, y su cuñado Juan José Caballero. Se da la circunstancia, para cerrar el círculo, que Caballero es el marido de Isabel González, otra hermana del expresidente que en la actualidad es diputada del PP en la Asamblea de Madrid.
Por si fuera poco, los agentes de la Unidad Central Operativa rastrean también los pasos de la esposa de Ignacio González, Lourdes Cavero. Los investigadores registraron la sede de Subastas Segre, la empresa que preside Cavero.
Algunas fuentes populares no ocultan su indignación por el hecho de que tantos miembros de la familia del entonces presidente autonómico trabajaran para la administración regional. Pablo González vincula al Canal de Isabel II con la empresa pública Mercasa, de la que era, hasta su detención, director de Operaciones y Estrategia.
Pablo González está acusado de sobornar a autoridades y funcionarios del gobierno de Venezuela para lograr contratos públicos que acababan destinados en su patrimonio personal y el de su familia. El juez Velasco cree que recaudó comisiones ilegales al menos en Pánama, Angola, Argentina y República Dominicana.
Por su parte, Juan José Caballero, cuñado de González, aparece también vinculado a la trama familiar de empresas a las que se les adjudicó de forma irregular obras muy importantes vinculadas al Canal de Isabel II.
Muchos dirigentes del PP nacional se preguntan ahora cómo pudieron fallar los controles del PP de Madrid de entonces, que no detectaron que varios miembros de la familia del presidente de la Comunidad se habían convertido en beneficiarios de las concesiones públicas sin luz ni taquígrafos. Y, además, en empresas que manejaban presupuestos millonarios.
Las primeras sospechas, en 2014
González llegó a negar "categóricamente" en 2014 ante Esperanza Aguirre, el entonces vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano y el coordinador de Organización, Juan Carlos Vera, que tuviera una cuenta en Suiza.
La cuestión fue suscitada tras una conversación que mantuvo el exalcade de Leganés, Jesús Gómez, ante Juan Carlos Vera, con quien se vió una tarde de noviembre de 2014. En esa conversación, según ha confirmado el propio Vera, el entonces alcalde del municipio madrileño le dijo que tenía información de que Ignacio González tenía una cuenta en Suiza.
El coordinador de Organización de los populares instó, en ese momento, a exponer los datos de que dispusiera al entonces vicesecretario de Organización del partido, Carlos Floriano, con quien se vió al día siguiente.
Según las fuentes del PP consultadas por Europa Press, Gómez, en su reunión con Floriano, le entregó un papel en el que había un número de cuenta en Suiza cuyo titular era presuntamente Ignacio González. Con esta información, el secretario de Organización habló con el que era en aquel momento presidente de la Comunidad de Madrid, quien negó la información.