Escándalo en Cataluña: quieren obligar a los funcionarios a ser delincuentes

El Gobierno tenía desde hace semanas un dosier sobre la mesa de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Mientras se acerca la fecha, el mes de septiembre, para que Junts Pel Sí consume su anunciado desafío convocando el referéndum independentista de forma unilateral, la presión sobre los funcionarios -y en especial sobre los decisivos agentes de los Mossos de Esquadra- se va a redoblar.

Y los espías que informan a La Moncloa del día a día de las plataformas independentistas han sido rotundos en varias ocasiones. Una cosa es lo que institucionalmente trasladan el presidente y el vicepresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, a sus interlocutores de Madrid; y otra cosa es "lo que se mueve" en la cocina del proceso independentista, cocina que controlan en la actualidad la Asociación Nacional Catalana y Ómnium, verdaderos motores del desafío subvencionados con dinero público.

Pues bien, desde hace meses, ambas plataformas están organizando a lo largo y ancho de Cataluña -con la colaboración de la Asociación de Municipios por la Independencia- una serie de conferencias informales protagonizadas por algunos de los ideólogos o de los fichajes más mediáticos del procés.

El jefe de los Mossos, Albert Batllé, ha sido tajante: "Nunca obedeceremos una orden ilegal". La Generalitat ya maniobra contra él

Este martes, para escándalo general, ha salido a la luz el mensaje de uno de estos conferenciante, el cantautor y cabeza de lista de ERC por Gerona, Lluis Llach. Llach, en el transcurso de esa charla, reveló que la Generalitat está dispuesta a "sancionar" a aquellos funcionarios que se nieguen a acatar la llamada "Ley de transitoriedad jurídica".

"En el momento que tengamos la ley de transitoriedad jurídica, ello obligará a todos los funcionarios que trabajan y viven en Cataluña. El que no la cumpla será sancionado. Se lo tendrán que pensar muy bien. No digo que sea fácil, al revés, muchos de ellos sufrirán. Porque dentro de los Mossos de Esquadra hay sectores que son muy contrarios", dijo Llach en una charla organizada por Òmnium Cultural el pasado marzo en la localidad barcelonesa de Sant Sadurní d'Anoia.

En la mente de los responsables de Junts Pel Sí está muy presente una reciente advertencia del máximo responsable de los Mossos, Albert Batllé, sobre el referéndum unilateral. "Nunca desobedeceremos una orden ilegal", sentenció. Curiosamente, hace apenas dos semanas, Puigdemont decidió marcar de cerca a Batllé con el nombramiento del menos tajante Josep Lluis Trapero como Mayor -máximo responsable policial- de la policía autonómica.

Sobre Puigdemont y Junqueras sobrevuela también el papel que en la consulta del 9-N jugó una directora de colegio que se negó a prestar su centro para albergar las urnas ilegales. El testimonio de Dolores Agengo fue determinante para la reciente condena e inhabilitación del expresident, Artur Mas.

La salida de tono de Llach no es la primera revelación de las intenciones más oscuras de los independentistas. En esta misma dirección se expresó el exjuez y exsenador Santi Vidal.

Vidal, que se vio obligado a renunciar a su escaño, confesó en una de estas charlas que la Generalitat disponía ya de una base ilegal de datos fiscales de los catalanes. Y que poseía además un censo ilegal de los jueces y magistrados contrarios al proceso independentista.

La otra confesión del exjuez Santiago Vidal: censo de datos fiscales y de jueces contrarios a la independencia. Todo ilegal.

Por el momento, la Generalitat, a través de su portavoz Neus Munté, se negó este martes a valorar la amenaza explícita vertida por Llach contra los funcionarios y se limitó a asegurar que el Gobierno catalán garantiza la "protección jurídica de los funcionarios" durante el proceso soberanista.

Mucho más contundentes fueron los portavoces de la oposición en el Parlament. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, recordó gracias a quién han percibido puntualmente su salario los funcionarios catalanes en los últimos años, el Fondo de Liquidez Autonómica del Ministerio de Hacienda.

Y el presidente del PP, Xabier García-Albiol, fue más allá y exigió la dimisión del diputado de Junts Pel Sí.