Cospedal cumple con las familias y el Estado asume la responsabilidad del Yak
Las Fuerzas Armadas dan por finalizada la investigación sobre el accidente aéreo. El Ministerio asume para la Administración la responsabilidad patrimonial de la tragedia.
La ministra de Defensa, María Dolores Cospedal, en su comparencia en el Congreso para explicar el Yak-42.
El dosier con la investigación sobre el accidente del Yakovlev 42 tiene desde este jueves el sello de archivado. Tal como se comprometió la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, con los familiares de las 62 víctimas mortales de la tragedia, el Estado asume la responsabilidad patrimonial y reconoce sus errores en la investigación del mayor siniestro de la historia de la aviación militar española.
Defensa reconoce la responsabilidad patrimonial de la Administración en el accidente del Yak-42, según consta en la resolución del expediente administrativo relativo a las solicitudes de indemnización formuladas por los familiares de las víctimas difundido este jueves.
La ministra María Dolores de Cospedal ha firmado la resolución del expediente que el Ministerio abrió tras el informe del Consejo de Estado, que responsabilizaba por primera vez al departamento que entonces dirigía Federico Trillo del accidente registrado en Turquía el 26 de mayo de 2003 en el que fallecieron los militares que regresaban de una misión en Afganistán.
"Tras años de procedimientos administrativos y judiciales, la Administración reconoce su responsabilidad", concluye el informe en sus fundamentos de derecho. La ministra ya reconoció la responsabilidad de la Administración el pasado mes de enero y pidió perdón a las víctimas en nombre del Estado.
La resolución administrativa del Ministerio recoge las principales conclusiones del Consejo de Estado respecto a la asunción de responsabilidad patrimonial. E indica que "han podido constatarse hechos anteriores a la fecha del siniestro que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente".
Según asume, tras el accidente se produjeron "unas lesiones antijurídicas" que los familiares de las víctimas "no tienen el deber jurídico de soportar". Estas "lesiones antijurídicas" deben ser reconocidas por el Ministerio según las normas vigentes, acepta el expediente, que añade que también tienen que ser asumidas "como expresión del respaldo institucional al reconocimiento, respeto y memoria de los militares españoles que dieron su vida por la defensa de los intereses nacionales y en favor de la paz de la comunidad internacional".
"Se subraya el merecido respaldo al patriotismo de miembros de las Fuerzas Armadas y también al de su entorno personal, ya que lo dilatado del procedimiento y los errores y circunstancias posteriores a la tragedia no han hecho sino más intenso el duelo", acepta.
Sin embargo, esta resolución concluye que la asunción de responsabilidad administrativa no significa el pago de nuevas indemnizaciones, como reclamaban algunos de los familiares de los 62 militares fallecidos.