"Casta" Compromís: alcaldesa pide reformar el baño y amplía 200 metros su casa
Isabel Molina, primera edil de Alcalalí (Alicante), solicitó licencia de obra menor pero realmente amplió su vivienda en terreno no urbanizable. Suspende un Pleno al trascender la noticia.
Mónica Oltra, en un acto de alcaldes de Compromís en Torrent.
La dirigente de Compromís María Isabel Molina Vicens, alcaldesa de la localidad alicantina de Alcalalí y edil de este municipio desde hace dos décadas comenzó a realizar, en el año 2006, una reforma de su vivienda de manera presuntamente ilegal, según los datos que reveló el jueves la publicación MÁSportal. Curiosamente, y tal y como ha podido constatar ESdiario, ese mismo día estaba señalada la celebración del Pleno ordinario del municipio, un Pleno que quedó suspendido de manera unilateral por la alcaldesa sin dar explicación alguna y tras tener conocimiento de la existencia de esta información.
La ahora alcaldesa del partido de Mónica Oltra, siendo edil en este municipio, solicitó a su Consistorio una licencia de obra menor para reformar el “cuarto de baño” y “arreglos en la terraza posterior” de su vivienda unifamiliar, según documentación presentada en el Ayuntamiento. Pero la verdadera reforma realizada en la vivienda de Isabel Molina iba a ser mucho mayor de lo solicitado oficialmente. Tal y como muestran los documentos, la alcaldesa amplió su residencia unifamiliar más de 200 metros cuadrados. De los 70 metros cuadrados habitables pasó a los 270, en unas obras en las que incluso llegó a elevar una planta. La vivienda paso de tener de una a dos alturas.
La obra además se prolongó durante varios meses, trabajos que finalmente concluyeron en el año 2016, siendo ya alcaldesa de Alcalalí, tal y como apunta la mencionada información. La petición de la reforma menor en el cuarto de baño evitaba así que la obra realizada no fuese autorizada porque la vivienda está enclavada en “terreno agrícola común”. Una catalogación urbanística que prohíbe expresamente la ampliación del espacio construido habitable y, por consiguiente, la realización de una obra mayor.
El "engaño" en el catastro
Como prueba que evidencia más todavía la irregularidad de la ampliación, según referencia catastral actual (25 de febrero de 2017) la residencia de Molina consta de 70 metros cuadrados en vez de reflejar los 270, de los que disfruta la alcaldesa de Compromís. Un desfase que -además de otras consideraciones de carácter ético y legal- abarata considerablemente el pertinente impuesto de Bienes Inmuebles, contribución y otras tasas que se estipulan a raíz de la referencia catastral.
El portavoz del PSOE, Bernardo Ferrer, cree que "tras esta estafa, la alcaldesa no está en condiciones de representar al pueblo"
Del mismo modo, le estaría suponiendo un cuantioso beneficio económico porque, de haberse concedido la licencia de obra mayor como “ampliación en vivienda unifamiliar aislada en rústico” (única manera legal posible), la primera edil tendría que haber desembolsado el gravamen correspondiente que es del 3,5% del valor total de los construido, en este caso, el valor es de un total de 146.000 (730 euros por metro cuadrado), es decir 5110 euros en vez de los poco más de 50 euros abonados por la licencia que obtuvo, tal y como recoge la información firmada por Roberto Pérez.
Barrera para ocultar las obras
La alcaldesa de Compromís no parecía ajena a estas presuntas ilegalidades ya que, según diversas fuentes vecinales, mientras realizaba los trabajos de reforma en su vivienda no autorizados por la ley construyó una barrera visual, a base de cipreses, para intentar de esta forma que desde el exterior pudiese observarse la verdadera dimensión de las obras. Pero los vecinos sí se percataron de esas presuntas irregularidades y elevaron un escrito de denuncia al Ayuntamiento que fue contestado por la propia interesada, la alcaldesa.
La alcaldesa informa de no tener constancia de sus propias obras.
Por su parte, las sanciones administrativas estipuladas en este caso suponen el 50% del valor total de la ampliación, es decir 73.000 euros en concepto a esta multa. Y no estamos hablando precisamente de un Ayuntamiento, el de Alcalalí, que no haya estado especialmente vigilante con este tipo de infracciones porque –según los datos oficiales- en los últimos 12 años el consistorio ha recaudado aproximadamente 300.000 euros en multas por irregularidades urbanísticas de menor importancia y que sí se detectaron para posteriormente ser sancionadas.
El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Alcalalí Bernardo Ferrer manifestó a MÁSportal que “después de esta estafa esta mujer no está en condiciones de representar al pueblo. Tiene que dimitir inmediatamente”. Ferrer confirmó que el Ayuntamiento ha dado largas y “dificulta” la obtención de estos alegando falta de referencias o información.