El informe de la UCO contra Cifuentes se filtró tras ser rechazado por el juez

"Difama que algo queda". Es la sensación que se le ha quedado a Cristina Cifuentes después de ver cómo un informe de la UCO sobre ella -entre otros cargos del PP- que el juez Eloy Velasco rechazó hace semanas se filtra ahora y provoca una tormenta política en la Comunidad de Madrid.

Además justo el día en que Podemos presentaba en el Hotel Ritz, nada menos -y apadrinada por Pablo Iglesias-, la candidatura de Lorena Ruiz-Huerta para el debate de la moción de censura que plantearán contra Cifuentes. "A mí me cuesta creer en las casualidades", deslizó esta última.

La presidenta madrileña compareció ante la prensa a media tarde muy enfadada, sin entender cómo un informe que según ella es "una relación de juicios de valor sin fundamento jurídico ninguno" acaba en la prensa después de ser desestimado por el magistrado instructor del caso Púnica. Que según fuentes jurídicas ya ha descartado imputarla al considerar que no tiene nada que ver con la supuesta Caja B del PP madrileño en tiempos de Esperanza Aguirre.

En el documento, que no ha trascendido completo y nadie ha visto, los agentes apuntan a Cifuentes como presidenta de la mesa de contratación de la Asamblea de Madrid que en los años 2009 y 2011 adjudicó el servicio de cafetería al empresario Arturo Fernández. Después de que éste, presuntamente, ingresara dinero en una cuenta de la fundación madrileña Fundescam que se utilizó para financiar ilegalmente el PP de Madrid.

Para aumentar la maraña, el informe recuerda que Cifuentes fue a su vez vocal de Fundescam y desliza la relación entre una cosa y otra. Y sí lo fue por designación del Comité Ejecutivo del PP de Madrid, pero desde febrero de 2005 a 2008, un año antes de que se adjudicara el primero de los concursos bajo lupa, así que las fechas no casan. Además de que no intervino en las decisiones económicas, que de ellas se encargaban los vocales apoderados y no los vocales rasos.

Por lo que respecta a la mesa de contratación de la Asamblea de Madrid, Cifuentes la presidió en su calidad de vicepresidenta primera del Parlamento autonómico en esos años. En ella se sentaban cuatro técnicos y tres políticos del PP, PSOE e IU. Todas las decisiones, según la ahora presidenta madrileña, se tomaron "por unanimidad" y "en base a criterios técnicos".

De hecho además de la mesa de contratación en la adjudicación de cada contrato intervenían otros tres órganos: un comité de expertos, la Dirección General de Contratación y la propia Mesa de la Asamblea de Madrid, la que tiene la última palabra.

"No voy a consentir que en este maremágnum mi nombre se ponga en duda", señaló Cifuentes. "Aquí se está construyendo un relato con apariencia de veracidad pero sin ningún fundamento jurídico", denunció.

La presidenta madrileña ya está estudiando acciones legales para defenderse. En cualquier caso este martes reiteró su "honradez" y la "absoluta confianza" que la dirección de su partido tiene en ella. "Reto a cualquier persona de cualquier partido a que demuestre que no soy una persona honrada. Podemos sacar las propiedades de unos y otros", sostuvo.