Rapapolvo Puig y Oltra por castigar a los alumnos que estudian en castellano
El decretazo lingüístico del Gobierno de la Comunidad Valenciana, que tiene en pie de guerra a la comunidad educativa y a la oposición, ha recibido un serio revés del TSJ valenciano.
De momento se trata de una suspensión cautelar.
La Justicia ha puesto en cuestión la política lingüística que pretende llevar a cabo el Gobierno nacionalista valenciano en los centros escolares el próximo curso. El Tribunal Superior ha dado la razón al presidente de la Diputación de Alicante, el popular César Sánchez, al suspender cautelarmente el decretazo del Consell que está movilizando a una buena parte de la sociedad valenciana. "Éste es el triunfo de la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos", resumió Sánchez.
El presidente regional, Ximo Puig, mostró hace escasas semanas su apoyo incondicional al conseller de Educación, Vicent Marzà (Compromís), y mantuvo que no daría un paso atrás en la política lingüística pese a las críticas y manifestaciones que se están produciendo. La última, el viernes en Alicante, congregó a miles de personas.
Los detractores del acuerdo mantienen que se vulnera el derecho a la igualdad, sobre todo en el caso de los alumnos que quieren recibir la enseñanza en castellano, ya que se vincula un mayor nivel de inglés a que se tenga que incrementar las horas del idioma valenciano.
"Es un decreto de chantaje lingüístico ya que utiliza el inglés como una herramienta de extorsión para conseguir que centros escolares y familias escojan la opción de mayor número posible de asignaturas en valenciano", en opinión de la responsable de Educación del PPCV, Beatriz Gascó.
El sindicato de enseñanza CSIF sostiene que el decreto es "inconstitucional" al contravenir el principio de igualdad, al suponer el factor lingüístico un elemento "discriminatorio". En este sentido resaltan que los alumnos que cursen nivel avanzado, con más asignaturas en valenciano, llegarán a obtener una certificación de nivel B1 en inglés al concluir el Bachillerato, mientras que aquellos cuyo centro opten por el nivel básico, con más castellano, no lograrán certificación alguna de inglés a pesar de cursar un número similar de asignatura en esa lengua.
El auto del TSJ no entra en el contenido del decreto, pero justifica la suspensión en el interés legítimo de la parte recurrente. En marzo concluyó el proceso de elección de los colegios de los distintos niveles de inmersión lingüística. Desde la Conselleria de Marzà se destaca que los centros castellanoparlantes apostaron en su mayoría por los niveles más altos de valenciano/inglés.
El Gobierno de Puig ha recibido esta semana otro revés judicial. La investigación del accidente del metro ocurrido en junio de 2006, en el que murieron 43 personas, ha quedado archivado por tercera vez. La magistrada concluye, tras nuevas diligencias, que no existen responsables penales y que la causa del accidente fue el exceso de velocidad en un tramo limitado a 40 kilómetros hora.
El Ejecutivo de Puig y Oltra politizó hasta el extremo el accidente. Las conclusiones de la comisión de investigación en las Cortes valencianas, a instancias del PSOE, Compromís y Podemos, nada tienen que ver con la decisión de la Justicia.
Puig está pasando una semana horribilis. A las sentencias hay que sumar el batacazo en las primarias socialistas. Su apuesta por Susana Díaz le ha dejado debilitado. En cambio, el lider del PSPV en la provincia de Valencia, José Luis Ábalos, con el que mantiene una relación de frialdad, se ha convertido en el gran beneficiado en la batalla socialista.
Ábalos, mano derecha de Pedro Sánchez, ha ganado influencia orgánica y política. Se ha convertido en el portavoz provisional en el Congreso y está llamado a ocupar un puesto de relieve en la dirección del PSOE muy a pesar de Puig.