Manuel Moix, acorralado: el Gobierno da la espalda al fiscal Anticorrupción
Tras reconocer que no supo valorar la repercusión de su sociedad offshore en Panamá, el jefe Anticorrupción abre la puerta a su salida. Más tras ver la frialdad de sus principales avalistas
El futuro profesional de Manuel Moix en la primera línea de la Fiscalía esta ya sobre la mesa del despacho del fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Ya seriamente tocado tras su aparición en las escuchas a Ignacio González y Eduardo Zaplana en la Operación Lezo, Moix parece haber colisionado de frente con las revelaciones periodísticas sobre la sociedad offshore que, junto a sus hermanos, mantiene en Panamá.
Y eso que desde que saltara el supuesto escándalo, Moix ha defendido la legalidad de la firma, Duchesse Financial Overseas, que comparte con sus cuatro hermanos y que fue constituida en 1988 como titular de un chalet valorado en más de medio millón de euros en el municipio madrileño de Collado Villalba que, hasta 2012, pertenecía a los padres del fiscal jefe.
Con este argumentario, Moix emprendió el martes una desesperada gira por varios medios de comunicación -el último este miércoles en el programa de Carlos Alsina en Onda Cero- en la que lejos de tranquilizar al Gobierno con sus explicaciones, estas le han dejado más sólo que nunca.
La mayoría de la cúpula fiscal da por hecha la inminente salida de Moix de la jefatura de Anticorrupción a la espera del cara a cara que tiene previsto mantener de forma inminente con el máximo responsable del Ministerio Público.
En las últimas horas, Moix pudo comprobar cómo se redoblaban las presiones para su dimisión. Pese a la renovación de su confianza que Mariano Rajoy reiteró públicamente este martes desde Portugal, un día después en el Congreso no pasaron desapercibidas las manifestaciones de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y del ministro de Justicia, Rafael Catalá.
"Cuando se trata de nombramientos de la Fiscalía, es a la Fiscalía a quien le corresponde esos nombramientos y las situaciones administrativas que afectan a los fiscales", se limitó a decir la número dos del Gobierno en los pasillos de la Cámara.
"No es un nombramiento de confianza y no está puesto ahí por la confianza del Gobierno. Por tanto, no es una cuestión de confianza su mantenimiento o no. Es al fiscal general del Estado al que corresponde en su caso proponer un expediente para remover al señor Moix", apostilló después Catalá.
Una frialdad que se suma a la salida en tromba de la oposición, y de un propio sector del PP, contra Moix. PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV exigieron su salida inmediata, una posición a la que se ha sumado en las últimas horas la Unión Progresista de Fiscales y la mayoritaria Asociación de Fiscales, así como el colectivo de Técnicos de Hacienda. Hasta el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, el popular Angel Garrido, exigió explicaciones a Moix.
Un "error de cálculo"
En sus últimas explicaciones públicas, el cuestionado fiscal Anticorrupción adelantó que "esta noche o mañana" conversará con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, sobre su empresa radicada en Panamá, de la que es dueño al 25%, al mismo tiempo que enfatizó que no tiene "ningún apego" ni "interés" en mantener el cargo, abriendo la puerta a su relevo.
"No tengo ningún interés en mantener una situación si se considera que no soy el más idóneo. No hay problema", reconoció en Onda Cero. Es más, adelantó que estaría dispuesto a dimitir como fiscal jefe Anticorrupción si su permanencia en el cargo perjudica a la institución.
"No le quepa duda", recalcó tras ser preguntado si se apartaría del puesto, aunque matizó que no se lo ha "planteado". En este punto, aludió a la "conversación pendiente" que tiene con Maza y que tendrá lugar "esta noche o mañana" porque ahora "no está en Madrid"
Moix reconoció que es "indudable" que calculó "mal" las repercusiones que podía tener su sociedad panameña. De hecho, señaló que si no informó a sus superiores antes de ser nombrado, fue porque consideró "irrelevante" este asunto ya que "no había incompatibilidad" para el ejercicio de la función.