Manuel Moix dimite, acorralado, pese a la encendida defensa del fiscal general
Por "motivos personales" y después de apenas tres meses de convulsa gestión, el jefe Anticorrupción abandona el cargo. "No he podido convencerle de lo contrario", reconoce José Manuel Maza.
El 22 de febrero se anunció su designación como jefe de la Fiscalía Anticorrupción y este 1 de junio Manuel Moix abandona el cargo. Han sido apenas tres meses en el permanente disparadero, acorralado primero por su presencia en la escuchas de la Operación Lezo, por el agrio enfrentamiento con varios de sus subordinados, por la reprobación mayoritaria del Congreso de los Diputados y, -a la postre la puntilla- las revelaciones sobre su empresa offshore en Panamá, Duchesse Financial Overseas, que comparte con sus cuatro hermanos y que fue constituida en 1988 como titular de un chalet valorado en más de medio millón de euros en el municipio madrileño de Collado Villalba.
Tras reunirse con Moix a primera hora de la mañana, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, convocó a los periodistas para anunciarla dimisión voluntaria del fiscal Anticorrupción "por razones personales". Pero lo hizo tras hacer un encendido alegato en defensa de su subordinado. Alabó primero la "transparencia" con la que ha actuado y su conducta "absolutamente regular". "No existen motivos para su cese", enfatizó.
Pero aún fue más allá al arremeter contra quienes han criticado la conducta de Moix, toda la oposición y las dos asociaciones principales en la carrera. "La Fiscalía solamente se debe al servicio a la ley y a la legalidad. Y no debe ser influenciada nada más que por esto", subrayó Maza visiblemente molesto.
Pero, acto seguido, reveló que Moix le había presentado "por motivos personales" su renuncia. "Me ha insistido en que es absolutamente irrevocable y no he podido convencerle de lo contrario", se lamentó. Maza avanzó que "en el más breve plazo posible" convocará al Consejo Fiscal para cubrir la vacante que deja Moix después de tres meses más que convulsos.
El golpe definitivo a su futuro al frente de Anticorrupción lo recibió Moix este miércoles desde dos frentes. El Gobierno, a través de la vicepresidenta y del ministro de Justicia, lo abandonaron a su suerte al insistir en que no era un cargo de confianza del Ejecutivo y que su futuro estaba en manos del fiscal general del Estado.
"Cuando se trata de nombramientos de la Fiscalía, es a la Fiscalía a quien le corresponde esos nombramientos y las situaciones administrativas que afectan a los fiscales", se limitó a decir la número dos del Gobierno en los pasillos de la Cámara. "No es un nombramiento de confianza y no está puesto ahí por la confianza del Gobierno. Por tanto, no es una cuestión de confianza su mantenimiento o no. Es al fiscal general del Estado al que corresponde en su caso proponer un expediente para remover al señor Moix", apostilló después Catalá.
Pero más significativo fue aún el posicionamiento de la conservadora Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera y la que aupó a Moix a su cargo. Este colectivo reconoció que las revelaciones periodísticas sobre la empresa de la familia Moix en Panamá "compromete la imagen de imparcialidad de la institución" y supone "un menoscabo para la imagen de la Carrera Fiscal".
"No se cuestiona en ningún momento la legalidad de la actuación de don Manuel Moix", matizó la Asociación de Fiscales, aunque asumió que las informaciones periodísticas y las confusas explicaciones de Moix "suponen un menoscabo para la imagen de la Carrera Fiscal".