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Artura Mas, acorralado por el 3%: imputan a su mejor amigo como jefe de la trama

El todopoderosos exconsejero, Germá Gordó, apuntado directamente por el Tribunal Superior de Cataluña. Y la Fiscalía abre a la vez un nuevo frente contra el expresidente de la Generalitat.

Gemma Gordó, junto a Artur Mas cuando era presidente de la Generalitat.

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Mientras el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, baraja anunciar este martes o miércoles la fecha y la pregunta de su referéndum independentista ilegal, la Justicia acorrala cada vez más a la antigua Convergencia y, en concreto, al expresidente Artur Mas.

A Mas, se le abrieron este viernes dos nuevos frentes que ponen en situación muy delicada su futuro. Por un lado, el Tribunal Superior de Cataluña imputó al consejero, Germá Gordó, su más estrecho colaborador por ser el presunto jefe de la trama del caso 3%. Por otro, la Fiscalía quiere que el Tribunal de Cuentas investigue a Mas por el despilfarro de fondos públicos en la consulta del 9N.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha abierto una investigación al exconsejero de Justicia y diputado de Junts Pel Sí en el Parlamento catalán, Germà Gordó, por su supuesta participación en la trama del presunto cobro de comisiones ilegales de Convergencia Democrática de Cataluña.

En un auto, la Sala Civil y Penal del TSJC se declaró este viernes competente para investigar a Gordó -dada su condición de aforado al ser parlamentario- y abre diligencias contra él por los supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, y malversación de fondos públicos.

La decisión llegó después de que el juez de El Vendrell (Tarragona) que investiga el caso 3% pidiese al TSJC abrir diligencias contra el exconsejero. Este magistrado continuará tramitando la causa contra el resto de investigados, que no son aforados.

Gordó supuestamente medió para requerir "cuantiosas donaciones" a determinadas empresas que aspiraban a conseguir adjudicaciones de obras públicas, para dos fundaciones vinculadas a CDC: Catdem y Fòrum Barcelona, según el juez.

Gordó consiguió presuntamente que Copisa donase 100.000 euros en 2012 a estas fundaciones afines a cambio de que el Consorci d'Educació de Barcelona -integrado por la Generalitat y el Ayuntamiento- adjudicase a esta empresa el mantenimiento de diversos edificios escolares por 4,7 millones de euros.

El ahora diputado también medió supuestamente para que la Autoridad Portuaria de Barcelona adjudicase a una unión temporal de empresas, de la que formaba parte Copisa, las obras en un dique de la infraestructura portuaria por 39 millones de euros.

En ambos casos, Gordó presuntamente "negoció personalmente los importes de las licitaciones y de las donaciones y las fechas de las adjudicaciones y las entregas correspondientes" con el que era consejero delegado de Copisa, Francesc Xavier Tauler, también investigado.

Cerco de la Fiscalía a Mas y Homs

También este viernes, la Fiscalía registró un informe ante el Tribunal de Cuentas en el que apoya la apertura de una investigación contra el expresidente del Generalitat, su exconsejero de Presidencia, Francesc Homs, y las también exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau "para determinar sus responsabilidades por el gasto de más de 5 millones de euros en las votaciones del 9N" de 2014.

En una nota remitida por la Fiscalía General del Estado, se informa que el Tribunal de Cuentas cuenta ya con un escrito que le ha sido remitido por "diversas entidades" que solicita la apertura de una investigación contable en este órgano por el posible uso irregular de dinero público en la citada consulta popular.

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