El juez desoye al fiscal y deja a Pedro Antonio Sánchez al borde del banquillo
El magistrado del TSJM, Enrique Quiñonero, abre la vía para procesar al expresidente de Murcia por el caso Púnica. El Gobierno regional y el PP siguen defendiendo su inocencia.
El PP ha podido comprobar que el paso atrás dado el pasado 4 de abril por el presidente de Murcia fue, desde el punto de vista político, un acierto. Y es que el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que instruye la rama regional del caso Púnica, Enrique Quiñonero, imputó este martes a Pedro Antonio Sánchez tras escuchar su declaración.
El instructor, contra el criterio de la Fiscalía y una vez oída la declaración de Sánchez, -que se prolongó por espacio de una hora aproximadamente-, estimó que se han practicado las diligencias "necesarias y suficientes para determinar la naturaleza y el grado de participación en los mismos de los investigados" y ordenó la continuación del proceso por los trámites del procedimiento abreviado.
Una vez valorada de forma conjunta las transcripciones telefónicas, los datos de geolocalización de los terminales, el material intervenido y las manifestaciones de las distintas personas que han prestado declaración a lo largo de la instrucción, el auto del juez Quiñonero sintetiza en tres párrafos como hechos punibles los siguientes: los contactos del que entonces era consejero de Educación y un miembro de su gabinete con personas relacionadas con dos empresas para mejorar la imagen pública de Pedro Antonio Sánchez.
En concreto, la resolución judicial argumenta que entre los meses de junio a octubre de 2014, Sánchez y un miembro de su gabinete, "actuando de común acuerdo y con el objetivo de mejorar la imagen pública del propio Sánchez de cara a su postulación como candidato a presidente en las próximas elecciones regionales de Murcia, en competencia con otros miembros de su partido, mantuvieron reuniones presenciales e intercambio de llamadas telefónicas y mensajes de correo electrónico y por servicios de mensajería telefónica con diversas personas relacionadas con las mercantiles EICO ON-LINE y Madiva Editorial y Publicidad S.L". Ambas están relacionados con el presunto empresario de la Púnica, Alejandro de Pedro.
Con ellos "negociaron y acordaron las condiciones de realización por éstas últimas de trabajos reputacionales y de mejora de imagen en Internet y redes sociales de carácter personal para Sánchez".
De hecho, el juez Quiñonero apunta que en el curso de esos contactos y negociaciones previos al acuerdo, "éste último recibió de sus interlocutores un primer informe de percepción inicial". En los fundamentos jurídicos, se recoge, igualmente, que "todos esos datos dan cuenta del proceso completo de concertación entre los investigados con el objetivo ya reseñado, permitiendo un seguimiento continuado desde sus momentos iniciales hasta la concreción de los términos y condiciones en que se habría finalmente consensuado la realización de los referidos trabajos reputacional".
Tras esta resolución, una vez firme, el Ministerio Fiscal y las demás acusaciones personadas tendrán 10 días para formular escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, "sin perjuicio de que excepcionalmente puedan solicitar la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables para formular acusación", concluye la parte dispositiva del auto.
El Gobierno regional confía en Sánchez
Tras conocer la decisión del TSJM, la portavoz de gobierno murciano, Noelia Arroyo, insistió en que se abre la oportunidad para que todo se aclare cuanto antes" y el expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, "pueda decir alto y claro que nunca se acordó, ni se hizo, ni se contrató nada" en lo referente a la trama Púnica.
En este mismo sentido, el diputado en el Congreso, Teodoro García, dejó claro que "más de una decena de informes oficiales corroboran la versión de Pedro Antonio Sánchez, de que nada se contrató ni se hizo ."La acusación particular está formada por personas del PSOE que intentan alargar el proceso lo máximo posible, como lo han hecho en el resto de procesos en el que han tenido enfrente a personas del PP", se lamentó García, quien advirtió que a los socialistas "no les interesa que se sepa la verdad".
Pero el PSOE no dejó pasar la oportunidad para endurecer su largo acoso político contra el expresidente de Murcia. Su líder, Rafael González Tovar, volvió a exigir a Sánchez que "entregue su acta de diputado para dejar de estar aforado y defenderse desde su ámbito privado".
"Este es un caso más de los acumulados por Pedro Antonio Sánchez, ahora un diputado imputado, que está bajo sospecha por graves delitos de corrupción, lo que es motivo suficiente para que entregue su acta de diputado, como exige la Ley de Transparencia de la Región de Murcia, porque en estas condiciones es indigno de representar a la Región", señaló.
Ciudadanos, que forzó la salida de Sánchez de la Presidencia, le exigió la dimisión como diputado ya que la situación es ya insostenible". Miguel Sánchez, portavoz regional, destacó que "la noticia de hoy está en consonancia con todas las que ha tenido como protagonista durante este año a Pedro Antonio Sánchez. Un día más, la Región de Murcia vuelve a ofrecer una imagen negativa a nivel nacional por culpa de las actuaciones de su expresidente".
Desde Podemos, su secretario general en la Región de Murcia, Óscar Urralburu, afirmó que Sánchez "sólo sabe contar cuentos que ya no convencen a nadie" y "miente cada vez que habla".