El PP enfurece al recibir otro golpe del juez Velasco a solo horas de la moción
Los populares llevan desde la semana pasada "jugando" a adivinar qué juzgado les depararía una sorpresa para caldear aún más el ambiente previo al combate parlamentario de este martes.
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.
Vistos los antecedentes y la irrupción de las operaciones más mediáticas contra la corrupción en momentos decisivos para la vida interna del PP, en Génova y en La Moncloa contienen el aliento en las últimas horas ante la importante jornada parlamentaria de este martes, con el debate de la moción de censura presentada por Pablo Iglesias contra Mariano Rajoy.
Con nuevas revelaciones sobre la Operación Lezo en algunos medios de comunicación, este mismo lunes el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco -que vive sus últimas semanas en su actual destino- ha vuelto a brindar una nueva sorpresa a los populares en el marco de la Operación Púnica.
Velasco ha enviado una exposición razonada al Tribunal Supremo en la que atribuye cinco delitos a la exalcaldesa de Cartagena y senadora del PP Pilar Barreiro -aforada por tanto- por la entrega de fondos públicos para la mejora de su imagen.
Se trata de la misma causa en la que se investiga al expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por el uso de fondos públicos para mejorar su imagen reputacional.
En el texto Velasco considera que la senadora popular puede haber incurrido en los presuntos delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.
Para el instructor de las diligencias, la autorización por la entonces alcaldesa de Cartagena de cuatro facturas mensuales por importe cada una de ellas de 800 euros, pagadas a la empresa del presunto cerebro de la trama, Alejandro de Pedro, también investigado, "acredita que permitió y consumó el desvío de fondos públicos planificado a favor de De Pedro y de José Antonio Alonso".
Según la exposición razonada, "las evidencias obtenidas en la causa revelan indiciariamente que Pilar Barreiro, ante las noticias negativas que sobre ella publicaban las redes sociales relativas a su participación en ilícitos de corrupción urbanística, se valió de su estrecha amistad con José Antonio Alonso, que había sido también alcalde de Cartagena, para entrar en contacto con Alejandro de Pedro".
Esos contactos iban dirigidos -añade la exposición motivada elevada al Alto Tribunal- a que la empresa de aquel "le realizase trabajos dirigidos a limpiar y cuidar su reputación en las redes sociales".
Un "primer paquete" de trabajos consistía, siempre según el magistrado, en la gestión de las redes sociales y en la puesta en marcha de un diario digital en la ciudad portuaria. "Este ardid diseñado -añade la exposición razonada- permitía el pago subrepticio por el ayuntamiento de Cartagena de lo que debía ser un gasto personal de la alcaldesa".
El juez Velasco añade que "Barreiro se concertó indiciariamente con el consejero de Educación de la Comunidad Autónoma en la fecha de los hechos, Pedro Antonio Sánchez, conviniendo con el mismo intermediar con Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso a su favor para conseguir que dicho tándem aceptase trabajar la reputación del consejero".
Pedro Antonio Sánchez declaró como investigado hace ahora una semana ante el instructor del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia como consecuencia de otra exposición motivada emanada del instructor del caso Púnica.
Velasco tiene previsto abandonar en las próximas semanas el Juzgado Central de Instrucción numero 1 de la Audiencia Nacional para pasar a formar parte de la Sala de Apelaciones del mismo organismo. Será el propio tutelar de ese Juzgado, Manuel García Castellón, quien ocupe su vacante.
Velasco ha protagonizado en las últimas semanas algunas de las operaciones más polémicas y mediáticas contra dirigentes del PP como la detención -con la presencia de cámaras de televisión avisadas antes- del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Pese al carácter secreto del sumario que instruye, se han repetido en varias ocasiones las filtraciones de las investigaciones, incluso el contenido de las conversaciones grabadas bajo autorización judicial por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.