Consuelo Ordóñez explota contra los jueces por dejar en libertad a La Tigresa

Una catarata de creciente indignación recorre este martes los distintos colectivos de víctimas de la banda terrorista ETA y, también, las redes sociales. Y es que la sanguinaria terrorista Idoia López Riaño, alias La Tigresa, abandona de forma definitiva la cárcel este martes, tras cumplir apenas 23 años de los 2.000 a los que fue condenada y tras una más que polémica convalidación de sus distintas penas. Ya el pasado año disfrutó de permisos tras valorarse por el juez de Vigilancia Penitenciaria su arrepentimiento, que expresó supuestamente en varios escritos.

A la salida ha sido recibida por sus familiares, se ha montado en la parte de detrás de una moto de gran cilindrada y ha intentado esquivar a los numerosas cámaras y medios de comunicación que se encontraban fuera de la cárcel esperando.

López Riaño formó parte de uno de los comandos más sangrientos de la historia de ETA, el comando Madrid de mediados de los ochenta en el que figuraban otros conocidos terroristas como Ignacio de Juana Chaos, José Manuel Soares Gamboa, Antonio Troitiño o Inés del Río.

Algunos tuiteros han hecho hincapié en el hecho de que esta etarra apenas ha cumplido 23 años de los 2.000 a los que fue condenada.

Estos terroristas perpetraron algunos de los atentados más cruentos de la organización como el de la calle de Juan Bravo o el de la Plaza de la República Dominicana, que acabaron con la vida de cinco y doce guardias civiles, respectivamente. Además, en la cuenta particular de Idoia López Riaño también hay un empresario, un marinero, tres militares (entre ellos el comandante Ricardo Sáenz de Ynestrillas) y un policía.

También fue condenada por integrar posteriormente el denominado comando Ekaitz entre el año 1991 y 1992. A ese grupo, en el que también estaba Urrusolo Sistiaga, se le atribuyen acciones terroristas en Zaragoza, Tarragona, Barcelona, Alicante, Valencia y Murcia.

"Las muertes de este comando me duelen en lo más profundo del alma y aun más por no haber podido hacer nada por evitarlas. Yo tan solo tenía 20 años y aun así me jugué la vida en ese intento. Me costó siete años de mi vida en Argelia y que se me condenara a una pena terrible", confesó López Riaño en un texto remitido al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que justificó en este arrepentimiento sus permisos.

En 2015 el juez central de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro le denegó este mismo permiso de salida alegando que La Tigresa -acogida desde hace años en la denominada 'Vía Nanclares'- tan sólo reconocía dos de los 23 asesinatos por los que cumple condena. Además, los justificaba diciendo que sus víctimas eran un traficante de drogas y el otro, un miembro de los GAL.

La respuesta de Consuelo Ordóñez: la "tarifa plana" para asesinar

Una de las víctimas que alzó la voz este martes fue la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián y asesinado por ETA con un tiro en la nuca mientras almorzaba en un restaurante.

En una dura carta publicada por El Español, Ordóñez responsabiliza a los jueces por la interpretación que están haciendo de las condenas de los etarras que asesinaron en los años 80 y 90.

"Si realmente hubiera renegado de su pasado, con las “actitudes erróneas” se referiría a los crímenes que cometió como miembro de una organización terrorista; y con la “toma de conciencia” hablaría de la asunción de un principio básico de toda existencia: el respeto a la vida de los otros, ese que ella no tuvo con las 23 personas a las que asesinó". afirmó la presidenta de COVITE.

"Nuestros jueces -denunció- la amparan en una irresponsable aplicación de la ley. Son los jueces los que hacen valer unas liquidaciones de condena sin cumplimiento de los requisitos exigidos. COVITE ha denunciado muchos de estos casos fraudulentos, incluido el de Idoia López Riaño".

"Hay una larga lista de etarras oficialmente arrepentidos a los que nuestras autoridades no les ha exigido colaborar

La Universidad del País Vasco sigue sin acreditar la prueba de acceso preceptiva para matricularse en cualquier carrera, incluida la de Periodismo que eligió la etarra. Con este cúmulo de aplicación fraudulenta de la ley, se llega al esperpento de que en este país exista una tarifa plana para matar", se lamentó Consuelo Ordóñez.

"Si hoy no sabemos si López Riaño está arrepentida de sus crímenes, no es sólo su responsabilidad, sino la de nuestras propias autoridades. Por desgracia, su caso no es el primero ni será el último. Hay una larga lista de etarras oficialmente arrepentidos a los que nuestras autoridades no les ha exigido el requisito de colaboración que, no nos olvidemos, es el único que prueba el arrepentimiento y beneficia a las víctimas", concluyó.