Palo para Oltra y Puig: la Justicia desenmascara sus comisiones de investigación
El tripartito valenciano tiene una sorprendente doble vara de medir al aprobar cinco comisiones de investigación, por propia iniciativa, pero ha impedido las tres que ha solicitado el PP.
Imagen de Ximo Puig y Mónica Oltra, en Les Corts.
Las comisiones de investigación puestas en marcha por los partidos del pacto del Botánico al poco del inicio de la presente legislatura, la IX, van languideciendo una tras otra en el Parlamento valenciano. El desinterés ciudadano y médiatico es la respuesta a un cúmulo de circunstancias que pueden resumirse en la politización. La mayoría de asuntos analizados tienen una cuestionable actualidad, incluso varios de ellos se remontan a más de una década.
A ello hay que añadir que la imparcialidad y el rigor en los acuerdos están en duda. Como muestra reciente, el auto de la jueza del accidente del metro de Valencia, que causó 43 muertos, quien descarta por tercera vez responsabilidades. Unas conclusiones, tras once años de investigación y 20.00 folios, que difieren totalmente del acuerdo aprobado por las Cortes, tras dos meses de trabajo y un escrito de poco más de 50 hojas.
Otra bofetada judicial al tripartito, la propició la fiscalía anticorrupción que archivó en diciembre la investigación en Feria Valencia sobre supuestos sobrecostes y gastos de tarjetas de crédito al no detectar indicios de delito tras dos años de indigaciones. El portavoz socialista en las Cortes, Manuel Mata, había vaticinado que Feria sería un "caso mayúsculo" de corrupción e incluso se hizo eco de que los sobre costes y gastos de tarjetas black podían alcanzar los 1.000 millones de euros.
Pese a la decisión del ministerio fiscal de cerrar página, los grupos mayoritarios de las Cortes mantienen su "investigación" sobre Feria Valencia. Por la Cámara van desfilando responsables y destacados empresarios sin que, al menos por el momento, haya saltado una bomba informativa. Finalmente, el tripartido sí incluirá en las conclusiones la decisión de la fiscalía de archivar el caso.
Además de la investigación del Metro, ya concluida, y Feria Valencia, están operativas la comisión sobre contaminación de acuíferos, residencias del Grupo Savia y Ciegsa. En la lista de espera otras dos: caso Taula y financiación del PPCV acordadas hace nada menos que más de un año. ¿Por qué no han iniciado los trabajos? Dos respuestas a la misma pregunta: "Quieren que se dilaten para que coincidan con el periodo electoral (las autonómicas de 2019)", sostiene un veterano en el Parlamento valenciano. Desde el principal grupo del Gobierno se subraya que están en marcha varias comisiones y no hay "tiempo" para iniciar los trabajos de las nuevas con el PP como protagonista.
Por contra, la tres comisiones de investigación propuestas por los populares, que afectan a asuntos más recientes, han sido desestimadas. El rodillo integrado por el PSPV, Compromís y Podemos descartó analizar las ayudas públicas a Cárnicas de Morella, el municipio del presidente Ximo Puig. La misma suerte corrió el caso del Centro de Estudios Políticos y Sociales. Según los populares, un chiringuito ligado a Podemos y vinculado al gobierno de Hugo Chávez.
Lo que esconde Oltra
Pero sin duda, el caso más llamativo se produjo esta semana al negar el tripartito analizar públicamente el escándalo que ha estallado a la vicepresidenta Mónica Oltra por la gestión de los centros de menores. Esta vez la número dos del Consell no ha recurrido a las camisetas de protesta, entre otros motivos porque la responsable política desde hace dos años de estas residencias es ella, como ha puesto de manifiesto la popular María José Catalá.
Es innegable que las comisiones de investigación se han convetido en territorio para prolongar la lucha política ajena a los intereses de los ciudadanos o de la verdadera historia. Qué credibilidad pueden tener si incluso antes de iniciarse su sesiones ya se adelantan las conclusiones. Precisamente, eso ha ocurrido con el caso Ciegsa, la empresa que construyó decenas en la etapa de Zaplana y Camps. El mismo día que aprobaba la comisión se dejaban escritas una parte de la sentencia y al mismo tiempo se excluían de las comparecencias a los técnicos que firmaron los supuestos sobrecostes.
Las comisiones de investigación fueron concebidas en su día como mecanismos útiles para la regeneración de la vida política. Con el tiempo, los partidos, en opinión de un destacado jurista, confunden lo que es una "comisión especial" de investigación regulada en el Estatuto de Autonomía con un órgano auxiliar en el trabajo de las Cortes valencianas y por la tanto limita a su función de potestad legislativa y de control de Gobierno.
Quizá lo más llamativo y que puede tener trascendencia a medio plazo es que las comisiones de investigación parecen ignorar que sólo pueden incurrir en responsabilida política el presidente y el gobierno. No se puede establecer responsabilidades en los ámbitos profesional, técnico o de gestión como así ya ha ocurrido. El artículo 117.3 de la Constitución reza que el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes. La gestión de las comisiones de investigación tanto en la actual etapa de gobierno, como en la anterior con el PP, han dejado a estos instrumentos fiscalizadores absolutamente devaluados por su politización.