Líderes de UGT, PSOE y CCOO lograron plaza de funcionario sin concurso

La guerra política en el municipio resucita la transformación masiva en funcionarios de decenas de empleados vinculados al PSOE y a los sindicatos

Las ‘sagas familiares’, la coincidencia de apellidos, la poco casual coincidencia entre carné y puesto de trabajo obtenido forman parte de las leyendas que pesan sobre buena parte de los Ayuntamientos españoles.

Pero pocas veces se puede poner negro sobre blanco un fenómeno que todo el mundo intuye pero pocos pueden demostrar. Y ese parece ser el caso de Alcorcón, uno de los grandes municipios del área metropolitana de Madrid, gobernado históricamente por la izquierda hasta 2011, cuando el PP alcanzó una alcaldía que le parecía negada para siempre en los últimos años.

Medio centenar de agraciados con una plaza fija tienen carné de sindicatos o partidos, con lazos familiares incluso

Allí, el posible enchufismo, como lo considera el actual Equipo de Gobierno, puede haber batido todos los récord aunque, paradójicamente, la justicia puede determinar que ese proceso es legal: el Tribunal Superior de Justicia así lo ha decidido en sentencia dictada el pasado 7 de julio que obliga a funcionarizar de nuevo a 84 empleados que fueron ‘desfuncionarizados’ por el PP al entrar a gobernar, algo que afecta a medio millar de empleados que no se juegan la plaza ni el salario; sólo el tipo de relación contractual con la Administración Local, según la documentación oficial a la que ha accedido Esdiario.

Habrá recurso

El Ayuntamiento, confirman fuentes municipales, lo va a recurrir y el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, por dos veces, le dio la razón, aunque la última palabra judicial hasta ahora ha sido adversa para el Ejecutivo local.

Pero más allá de lo que diga la ley, los hechos son estéticamente sorprendentes, por ser benévolos. Aunque la polémica llega a nuestros días, su origen está en 2011. Entonces gobernaba Enrique Cascallana, del PSOE, uno de los alcaldes que llevó a su ciudad a la cabeza de las clasificaciones de municipios más endeudados de España, con cifras que podrían haber superado los 600 millones de euros en su momento.

Se olía la derrota, tal vez, y decidió transformar en funcionarios a 500 empleados laborales del Ayuntamiento. Una cifra espectacular ya de por sí, pero mucho más cuando se repasa la identidad de parte los agraciados: hay casi 50 con carné de los sindicatos o del PSOE, una extraña casualidad que nadie en Alcorcón se cree.

El jefe de UGT

Según el listado al que ha accedido Esdiario, cotejados nombre a nombre y comprobada su militancia, al menos 24 miembros de los cuatro sindicatos municipales lograron una plaza de por vida por esa decisión de Cascallana.

Y entre ellos, algunos muy llamativos: el mismísimo secretario general de UGT en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Retamosa, y su propia esposa; figuran en el listado de agraciados.

Y no son los únicos. El marido de una de las lideresas de CC.OO en el Consistorio, Sacramento Cobo Arenas, también obtuvo premio en ese proceso de funcionarización que no permite aspirar al resto de ciudadanos a esa plaza, en libre concurrencia, y lo limita a personal que ya estaba en el Ayuntamiento antes, también seguramente sin oposición. Todos ellos trabajan en el Ayuntamiento y, si prospera el fallo provisional del Tribunal Superior, podrán decir con razón que todo fue legal.

No es eso lo que se juzga, sino la imagen que proyecta la posible relación directa entre una militancia política y una relación sanguínea y la obtención de un empleo por el que tantos otros vecinos suspirarían.

"Vicios groseros"

Así lo vio el Consejo Consultivo de la Comunidad, con dictámenes cuya lectura casi sonroja. “El proceso de funcionarización se ha alejado del previsto en la ley de forma que no es reconocible o identificable como tal (…) Los vicios de las bases son tan groseros, graves y ostensibles que los interesados no pueden alegar buena fe”.

No terminan ahí las sorpresas. Junto a los nuevos funcionarios de CC.OO, UGT, CSFI y Solidaridad Obrera aparece otra veintena de nombres con carné del PSOE, el partido que gobernaba cuando se adoptó la decisión.

Uno de ellos es el de Sonia López Cedena, que además de lograr el título de funcionario sin hacer oposición, es en la actualidad concejala socialista en el mismo Ayuntamiento en el que obtuvo plaza para siempre por decisión de Cascallana. Otra compañera suya, Pilar García, edil socialista en la pasada legislatura, forma parte igualmente del cupo de beneficiarios.

Los líderes sindicales y concejales del PSOE, uno en activo, lograron plaza de funcionario por ese método

La izquierda, no obstante, no lo ve así. PSOE, IU y Ganar Alcorcón presentan este miércoles una moción en el pleno para reclamar al Ayuntamiento que no acudar al recurso de casación y, en definitiva, acepte la funcionarización definitiva de los trabajadores, muchos de los cuales no tienen relación alguna con siglas políticas y sindicales.

Y la UGT, a través de su delegación en el Suroeste de Madrid, va todavía más lejos: no sólo se felicita a su sección sindical en Alcorcón, sino que se exige al actual alcalde, el popular David Pérez, que presente sus disculpas por haber criticado duramente lo que pàra él es “enchufismo” y para los sindicatos, tal y como recoge un comunicado, “un derecho recogido en la Constitución”.

Sin estética

Entre tanta nota, comunicado, moción y declaración, nadie explica algo que escapa del estricto ámbito legal y se adentra en el moral y estético. Sea o no legal, al vecino de a pie le puede quedar la razonable duda de por qué no puedo él intentar lograr esa plaza y por qué si lo hicieron personas con un carné político y, bien es cierto, una trayectoria laboral dentro del Ayuntamiento.

Mientras, la batalla política se ha convertido en endémica en Alcorcón, quizá el municipio madrileño con más crispación política. El duelo entre Pérez y la oposición, saldado en multitud de confrontaciones y en una convivencia irrespirable, no parece tener fin. Y una parte significativa de sus detractores forman parte, precisamente, de las siglas más beneficiadas por la decisión de Cascallana.

En 2019, cuando los vecinos vayan a las urnas, tal vez termine el combate. Antes, el Ayuntamiento seguirá convertido en un ring sin campana para el descanso entre asaltos.